El plan B que seduce a los bonistas enojados con la oferta argentina: los tribunales de Nueva York

de acreedores que se están formando, con base en estudios jurídicos de Nueva York y Londres, rechazan y contragolpean sobre un argumento con el que el Presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán pretenden hacerse fuertes: la “buena fe” que hay que volcar sobre la mesa de negociación.

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Los bonistas argumentan que buena fe fue lo que faltó a la hora de elaborar y presentar la oferta. Y consideran que la Argentina debería hacer una propuesta más atractiva. Nada sorprendente, por cierto. Una parte quiere reducir lo más posible los pagos (eso sí, rompiendo contratos si es necesario) y la otra quiere achicar daños.

Pero hay un dato objetivo. Quienes rechacen la propuesta argentina tienen una alternativa seductora. Los tribunales de Nueva York. Los antecedentes son totalmente favorables a los acreedores. Pese a todas las oportunidades que el ya fallecido juez Thomas Griesa le dio en su momento al gobierno argentino para sacar adelante los juicios que le entablaron los fondos buitre, Argentina terminó perdiendo, y pagando. Hoy ese juzgado está en manos de la jueza Loreta Preska, que ya tiene en sus manos una demanda presentada por ex accionistas de YPF.

Lo interesante de la vía judicial es que desde el momento en que se presenta la demanda, comienza a correr un reloj de taxi. La deuda llevada a juicio devenga una tasa de interés del 9% anual desde el día uno de la demanda. En perspectiva: la oferta argentina que se conoció el viernes pretende no pagar ni un solo dólar hasta noviembre de 2022. Quien va a juicio, a esa fecha acumulará intereses a cobrar por al menos 18% sobre la deuda impaga.

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Esto, se supone, es algo que conocen las autoridades argentinas. Y tal vez debería ser un motivo para que consideren la posibilidad de sentarse a negociar con los acreedores.

No habría que descartar que las autoridades estén especulando con que la inusitada gravedad de la crisis global terminará pesando sobre las decisiones que deban tomar los jueces de Nueva York. En 2015, el gobierno de Cristina Kirchner pretendió además hacer jugar a su favor en la pelea judicial con los fondos buitre, una resolución de las Naciones Unidas que establece la necesidad de crear un “marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana”.

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Se sabe lo que pasó: en los tribunales de Nueva York dicha resolución fue ignorada. El marco jurídico que sirve para este tipo de conflictos es el que, libremente, eligen el deudor y el acreedor. En este caso, el que marcan las leyes de los Estados Unidos.

Es una apuesta riesgosa apelar a la crisis de la pandemia o lo que se votó en la ONU. Además, mientras Argentina pide que le acepten una quita del 65% sobre su deuda en dólares emitida bajo ley extranjera, en el mundo pasan cosas. Por ejemplo, que Perú haya emitido la semana pasada bonos por 3.000 millones de dólares a 5 y 10 años a una tasa inferior al 3%. Le ofrecieron 25.000 millones de dólares. Perú, además, utilizará esos fondos para financiar sus programas de ayuda a empresas y personas afectadas por la pandemia.

Para los analistas, la Argentina debería hacer los mayores esfuerzos para evitar el default. Pagar un poco más sería mucho mejor que los daños que provoque el default. Se dice que acortando un poco los plazos de gracia, subiendo un poco los cupones, y tal vez borrando la pretendida quita sobre el capital, las posiciones se acercarían bastante.

Habrá que ver, entonces, de qué se trata la mentada “buena fe”.