Después de que el 10% de los presos de riesgo -calificados así en el marco de la pandemia del coronavirus- y detenidos en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) obtuvieran el arresto
domiciliario, Ricardo Jaime inició una huelga de hambre la semana pasada, reclamando que los jueces le den el mismo beneficio. La Justicia rechazó concedérsela mientras cumple su condena por la Tragedia de Once. Pero ahora, el Gobierno pidió a través de la Secretaría de Derechos Humanos la morigeración de su detención por la pandemia de coronavirus. Es la primera vez que el Gobierno pide por la libertad de un preso K.
El pedido lo hizo a través de la Secretaría de Derechos Humanos y en su rol de “Amicus Curiae” La nota firmada por Horacio Pietragalla Corti y por el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la cartera, Mariano Przybylski.
“Esta Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con un interés legítimo en que se le otorgue la prisión domiciliaria al Sr. Ricardo Raúl Jaime”, arranca el documento y sigue. “Toda vez que en caso de que persista su detención intramuros, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitaria de las personas privadas de su libertad”, sostiene el escrito.
En otra parte del escrito, Pietragalla Corti hace mención a la situación de salud de Jaime vinculada a la pandemia de coronavirus. “Nótese que, según los exámenes médicos que se le realizaron al imputado, y el actual contexto de la pandemia del Covid-19, la salud del imputado se encuentra en estado crítico y agravándose constantemente por sus condiciones de detención”, dice el funcionario.
Los pedidos reiterados del ex funcionario K, se centran en la discusión sobre quiénes son considerados presos de riesgo en el marco de la pandemia. Jaime argumenta que si permanece en el Penal de Ezeiza corre mayor riesgo que otros internos, porque tiene 65 años y un cuadro de hipertensión arterial.
Cuando el Tribunal negó su salida del Penitenciario, sugirió a las autoridades que extremen los controles médicos sobre el ex Secretario de Transporte.
Previo a la cuarentena total, Jaime ya había sugerido que tuvo un intento de suicidio para exigir su salida de la cárcel. Un planteo que también fue desestimado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que lo condenó por la Tragedia de Once. Desde entonces, los informes médicos periódicos sobre su salud y situación psicológica y mental son enviados a los jueces.
Son 1.280 los presos considerados “de riesgo” a causa de sus edades y enfermedades preexistentes. Pese al reclamo masivo de todos los detenidos, luego de conocerse el informe oficial y utilizando como argumento el riesgo de contagio intramuros, no todos lograron obtener el arresto domiciliario.
Como informó Clarín, sólo fueron beneficiados con la morigeración de su detención uno de cada diez presos que integran el listado de riesgo. A esta situación se sumó la acordada de la Cámara de Casación Penal, que recomendó a los jueces federales conceder arrestos domiciliarios.
En el marco de la cuarentena total por el COVID19, la Casación sugirió que se “adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder”.
En particular se aludió a detenidos con prisión preventiva por “delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo”, siempre con “mecanismos de control y monitoreo”. La acordada sostiene, por otro lado, que la medida será revisada cuando concluya la emergencia sanitaria.
Con este telón de fondo y al no haber logrado volver a sus casas, un grupo de unos veinte presos iniciaron la semana pasada una huelga de hambre. El reclamo central es un pedido específico a los “jueces para que con celeridad les otorguen el arresto domiciliario”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
El ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime se plegó al reclamo. La Cámara de Casación rechazó hace una semana concederle la morigeración de su detención. El ex funcionario se encuentra detenido por enriquecimiento ilícito desde abril de 2016, pero en el transcurso fue condenado por la tragedia de Once, con confirmación de la Casación. Debe afrontar ocho años de prisión por el delito de administración fraudulenta, dádivas y sustracción de documentos.
Pero además, Jaime cuenta con prisión preventiva en la investigación por la compra de trenes chatarra a España y Portugal entre 2004 y 2012, que generó un perjuicio al Estado -según la acusación- de 100 millones de euros. El Tribunal que lo juzga en ese expediente, rechazó su excarcelación como también el arresto domiciliario, medida que ratificó la Cámara de Casación. Por ello decidió iniciar una huelga de hambre.
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