Como juez de feria, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, habilitó el receso judicial extraordinario para tratar el pedido de “declaración de certeza” que
la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner, remitió esta semana al máximo tribunal para saber si admitirá como válidas las leyes que eventualmente sean aprobadas sin la presencia de los legisladores en el recinto del Congreso.
En un breve texto de dos párrafos, Rosenkrantz admitió considerar la solicitud en medio de la feria, y la remitió a la Procuración General de la Nación, para que el jefe de los fiscales dictamine si a su juicio la Corte tiene competencia para tratar el pedido o no hacerlo. El procurador interino a cargo, Eduardo Casal, tiene tiempo hasta el martes próximo para entregar su opinión. Cuando lo haga, Rosenkrantz convocará a sus colegas para decidir.
“La necesidad de sesionar por parte del Congreso de la Nación es, a todas luces, es impostergable”, resume ya al comienzo el texto judicial firmado por Cristina Kirchner y patrocinado por Esteban Lopardo. y la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, quien acusó por Twitter a Rosenkrantz de haber “alcanzado límites pocas veces vistos de cachivachismo” por no haber respondido de inmediato a la solicitud, ya que el 13 de abril la Corte había dispuesto hacer acuerdos virtuales entre sus integrantes.
“Un detalle: la Corte se dio ese acuerdo para sí misma, y estipuló las reglas del Poder Judicial. Pero el Congreso es otro Poder del Estado, aunque la disposición de Cristina en el Senado sea análoga. Esta semana, algunos constitucionalistas apoyaron la iniciativa, pero otros la objetaron con fuerza.
“La Corte iba a decidir hoy si trataba o no el tema”, tuiteó Peñafort el viernes. “Con su nueva modalidad de acuerdo virtual, que no aplica a tiempos de normalidad, sino a tiempos como estos. Pero Rosenkrantz anoche decidió no tratarlo. Y dispuso suspender el acuerdo virtual para hoy. Porque por un lado no quiere definirse sobre el tema, y tampoco quiere quedar públicamente como un obstáculo”, disparó. “Porque, siendo clara, lo que no quiere Rosenkrantz es que salga ese impuesto. Así que suspendió el acuerdo. Total, sabe que le vana a dar impunidad los megamillonarios y los medios”.
La carga de Peñafort, que además sigue desempeñándose como abogada del ex vice Amado Boudou -condenado por corrupto en el caso Ciccone, en una sentencia confirmada por la Casación- es un peldaño más en la escalada del kirchnerismo duro contra el titular de la Corte. El compañero de la doctora en la representación de Boudou, Alejandro Rúa, ya manifestó públicamente su intención de promover su juicio político.
Peñafort confirmó también el motivo del apuro de Cristina: votar una sola ley, la del proyecto de su hijo Máximo y otros legisladores oficialistas para gravar con un impuesto supuestamente extraordinario a “las grandes fortunas” y “las ganancias extraordinarias”. Aunque se desconocen los detalles y el piso patrimonial que tendría ese gravamen -hubo varias propuestas en el seno del oficialismo- podría alcanzar unas 12 mil personas y permitirá recaudar 3.000 millones de dólares.
Ante la Corte, Cristina manifestó que está “convencida” y que es “absolutamente válida” la sesión remota a través de medios digitales, en donde se garantice la identificación y la voluntad de los legisladores y legisladoras, como así también el número establecido por el régimen de mayorías y minorías”.
Sin embargo -aclara- “no puedo soslayar la historia reciente de la Argentina en cuanto a la existencia de maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”. Una respetable consideración política, que pasará de largo ante los ojos de los magistrados.
En otro tramo, la vicepresidenta desarrolla que la situación de emergencia del país por el coronavirus requiere que el Congreso de la Nación -y en su caso el Senado de la Nación- “sesione a los fines de legislar en aquellas materias que se encuentran excluidas de modo absoluto de la posibilidad de ser legisladas por el Poder Ejecutivo mediante el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia”.
Aclara cuáles son esas exclusiones: “Tales como son la materia penal y especialmente la tributaria. Ello en virtud de la necesidad del Estado Nacional de asistir económicamente a las crecientes necesidades que se verifican en los sectores sociales que se ven afectados de modo directo por las consecuencias del aislamiento social”.
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