El hacinamiento en las cárceles se convirtió en un factor de preocupación en medio de la pandemia por el coronavirus. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuenta con una sobrepoblación de más
del 50%: 44.000 detenidos con capacidad sólo para 29.000. En las cárceles federales el número es inferior, pero la problemática es la misma: un 9% de presos por encima de lo que las instalaciones pueden contener. La Justicia de ambas jurisdicciones sugirió el otorgamiento de arrestos domiciliarios de aquellos casos de delitos leves. En 20 días en total de 1.183 internos abandonaros las unidades penitenciarias con un agravante: no hay tobilleras para todos.
La imagen se reitera: pabellones sobrepoblados, no importa si se trata de una unidad penitenciaria federal o bonaerense. La situación de colapso se hizo más evidente en medio de la pandemia del COVID19, cuando muchos abogados defensores plantearon que el hacinamiento implicaba un riesgo elevado de contagio. No hay protocolo de distanciamiento social que pueda aplicarse dentro de las prisiones. Sí se reforzaron las medidas sanitarias y de higiene. Así y todo, tampoco cuentan con hospitales penitenciarios con grandes equipamientos y espacio físico para atender a los presos en caso de un brote intramuros.
Los defensores se movieron con la velocidad que la emergencia ameritaba. Sólo en el fuero federal, en Comodoro Py, en dos semanas hubo 227 pedidos de excarcelación basados en la emergencia sanitaria. El 70% fue rechazado.
El aluvión de pedidos se replicó en la justicia bonaerense, e incluso lo superó. Pero allí la respuesta fue diferente.
Desde que inició la cuarentena obligatoria, el 20 marzo, un total de 915 internos dejaron las cárceles provinciales. No fueron liberados, sino que se les otorgó la prisión domiciliaria por orden de los jueces que los tenían a su disposición por delitos leves. El problema es que ya no hay tobilleras electrónicas, “están todas al tope, se cuenta con 2.000 en total y hay lista de espera”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
A ese universo de arrestos domiciliarios concedidos deben sumarse otros casos después de que el Tribunal de Casación Bonaerense ordenó que se otorgue masivamente ese beneficio para prevenir cualquier riesgo de contagio de coronavirus. Hasta el viernes pasado, había otros 650 presos habilitados. Sin embargo, hasta ahora sólo se les concedió la morigeración de la detención a unos 108 internos.
¿Por qué se avanzó con este criterio? Porque el SPB informó que cuenta con 2.468 presos de riesgo, entre quienes tienen tuberculosis (233), SIDA (476) y diabetes I y II (809). También hay 950 internos con enfermedades respiratorias tales como neumonía y EPOC, cáncer y afecciones que requieren diálisis. Las madres con niños y bebés dentro de las cárceles son 58 y las embarazadas, 20. Más los presos que superan los 65 años, que son 644.
De esta manera, y luego de estos informes oficiales y resoluciones judiciales, ya dejaron las prisiones bonaerenses más 1.023 internos en las últimas semanas. La mayoría estaban presos por hurto, narcomenudeo, consumo de estupefacientes. La Justicia advirtió que esta política que busca descomprimir un poco la sobrepoblación, no debe aplicarse sobre los aquellos casos de delitos de gravedad (femicidios, abusos, narcotráfico, homicidios).
A su vez, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) tiene más de 13.000 presos, de los cuales 1.147 no tienen las comodidades mínimas de detención a raíz de la sobrepoblación.
De este conjunto de personas -más de la mitad (51%) aún no tiene condena- un total de 1.280 son considerados presos de riesgo. Sobre ellos, la Cámara Federal de Casación Penal aconsejó a los jueces que los tienen a disposición que contemplen sus patologías y edades para eventualmente conceder arrestos domiciliarios.
Según la información oficial a la que accedió Clarín, al menos 160 reclusos ya dejaron las cárceles federales con las decisiones judiciales de las últimas semanas. En este caso se trata de personas en su mayoría procesadas, aún sin condena dictada, y encarcelados por delitos de narcomenudeo, tenencia de estupefacientes, hurto, delitos contra la administración pública y algunos casos de lesa humanidad.
Las cárceles federales se encuentran e este punto con una problemática similar a la del SPB: no alcanzan las tobilleras electrónicas para supervisar a todos los que deben cumplir su prisión en sus domicilios. “Hay un stock muy reducido pero no alcanza para todos”, explicaron fuentes oficiales..
Para confeccionar el listado de riesgo, se tuvieron en cuenta las enfermedades preexistentes de los detenidos; por ejemplo, hay 206 internos que tienen EPOC o asma, de los cuales 178 no llegan 60 años. Con diabetes hay 265 presos, y de ellos 193 tiene menos de 60 años. Con 64 años, Lázaro Báez integra el grupo de 73 presos que sí reúnen las dos condiciones de riesgo.
El SPF aloja a 83 reclusos que padecen insuficiencias cardíacas, 43 de los cuales son menores a 60 años. Quienes padecen insuficiencia renal crónica son cinco, tres de los cuales están por debajo de la edad de riesgo. Los enfermos oncológicos son 43, aunque sólo ocho de ellos superan los 60 años.
En el grupo vulnerable por enfermedades preexistentes se encuentran quienes padecen VIH: 232 internos, casi todos (220) menores de 60. Con tuberculosis hay 31 detenidos, ninguno mayor de 60 años.
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