Una Cámara de Senadores sensibilizada por el coronavirus reconoció y coincidió en una diferencia abismal entre el salario del sector privado y el público. Mientras que una
En medio de un largo debate las diferentes bancadas apuntaron a la necesidad de una reforma del Estado. En el caso del Frente Guasu, su lidereza Esperanza Martínez insistió en políticas públicas que eliminen las desigualdades sociales, como por ejemplo en el pago de impuesto.
Valoró la elaboración del proyecto, no obstante criticó la postura del Gobierno de Mario Abdo, al que señaló como un ejemplo de nepotismo.
“Los hermanos (Mario Abdo Benítez y Benigno López) administrando el poder político y económico. Aquí nosotros buscando los medios de buscar la austeridad, pero por otro lado el Gobierno apañando sendas irregularidades en la compra de insumos por parte de instituciones públicas”, apuntó Martínez.
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A su turno, la senadora del Partido Demócrata Partidario (PDP) Desirée Masi calificó de hipócritas a aquellos compañeros que votaron por un presupuesto insuficiente para el Ministerio de Salud a finales del año pasado.
Pidió que de la misma manera que se prestó cuórum para este proyecto también se apoyen los proyectos sobre aumento de impuestos para los sectores del tabaco, soja, entre otros, y cuya recaudación será redirigida a la Salud Pública.
La normativa prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento o contratación de parientes y asesores en la función pública, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público.
El proyecto, presentado por el senador cartista Sergio Godoy, dispone que ningún funcionario público ni autoridad pública de rango superior podrán percibir un salario superior al del presidente de la República. Además, se elimina toda asignación presupuestaria para seguros privados para todo funcionario y autoridad pública.
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Se eliminan los cupos de combustibles para las autoridades públicas, así como la prestación de servicios de telefonía para todo funcionario y autoridad pública. También se suprimen asignaciones presupuestarias para la compra de alimentos, bebidas, arreglos florales, tarjetas para eventos, publicidad estatal.
Por otra parte, de promulgarse como ley dicho proyecto, ningún funcionario ni autoridad pública podrá realizar anualmente, con fondos públicos, más de dos viajes al exterior. En caso de viajes de delegaciones, no superará en ningún caso tres integrantes; se exceptúan al presidente y vicepresidente, ministro de Relaciones Exteriores y titulares de los poderes Legislativo y Judicial.
Se determina que una autoridad pública no podrá, en ningún caso, nombrar un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en la entidad a su cargo. Los parientes de una autoridad pública, detallados anteriormente, tampoco podrán exceder seis cargos en toda la República.
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Asimismo, las autoridades públicas solo podrán contratar hasta un máximo de tres asesores, quienes durarán en sus funciones mientras lo hagan dichas autoridades. Posteriormente, serán desvinculados sin derecho a indemnización ni reparación.
Son sujetos obligados a esta normativa también las binacionales Itaipú y Yacyretá, cuyos directores principales, generales, consejeros y cualquiera máxima autoridad en ningún caso podrán percibir un salario superior al del presidente de la República.
Las modificaciones al proyecto se analizaron hasta el inciso c del artículo 3. A las 21.48, a pedido del senador Juan Carlos Galaverna, el pleno declaró un cuarto intermedio.
El titular del Senado, Blas Llano, convocó para este viernes, a las 10.00, para proseguir la sesión extraordinaria de la fecha, en forma virtual.