A regañadientes y con no pocas discrepancias, Galicia acatará las instrucciones del Ministerio de Educación para gestionar el final de curso escolar 2019-2020, interrumpido bruscamente el 13 de marzo con el decreto
de estado de alarma y el confinamiento forzoso de la población. A regañadientes, decía, y agarrado al principio de «lealtad» hacia el Gobierno de España, pero sin ahorrar en reproches ante lo que considera que es una «dejación de funciones» del Ministerio, el único competente en el Estado para fijar cómo se pasa de curso y se expiden titulaciones en la educación obligatoria. Las discrepancias ya surgieron el miércoles durante la Conferencia Sectorial de Educación entre Ministerio y Comunidades. Este jueves, tras recibir un borrador de texto ministerial a modo de corolario de la conferencia, la Consellería anunció que «se aplicarán las instrucciones establecidas» en base a su «compromiso de lealtad institucional» y más «en una situación como la actual», pero no por ello ahorró de hacer constatación pública de sus diferencias. Las principales diferencias tienen que ver con cómo pasarán de curso los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, y de manera más concreta los de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, estudios a cuya finalización se entrega un título académico. El Ministerio, en aras de lo que llaman «flexibilización de criterios» por la actual coyuntura, abre la puerta a que los equipos docentes permitan la titulación «basándose en la evolución del alumno en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con los objetivos» establecidos en cada etapa educativa, y «no serán tenidas en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes». Donde dice área, quiere decir asignaturas. Es decir, se deja en manos del profesorado que estudiantes con materias suspensas puedan ser titulados. Los criterios de promoción, es decir, para permitir a los estudiantes pasar de un curso al siguiente, se mueven en la misma laxitud. Si hasta ahora se repetía curso con más de dos asignaturas suspensas, el Ministerio abre de nuevo la mano y deriva a «las administraciones educativas» la posibilidad de «flexibilizar, de manera excepcional» en este curso el pasar de curso «sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes». Desigualdades «La falta de fijación de criterios claros de promoción y titulación provocará desigualdades entre el alumnado de los diferentes territorios», advierte la Xunta, especialmente el que se presenta a la Selectividad para acceder a la universidad. En su opinión, es «obligación» del Ministerio indicar con cuántas asignaturas suspensas se puede pasar de curso y obtener el título académico, ya que de lo contrario incurriría en «dejación de funciones» de sus competencias recogidas en «el artículo 149.1.30 de la Constitución española» y en «todas las leyes educativas aprobadas en el periodo democrático». La Consellería manda otros recados. Si, como plantea el Ministerio, se quiere facultar a las autonomías para abrir los centros escolares en julio «para un eventual refuerzo educativo», deberá de dotarlas de financiación para la contratación de más profesorado, aunque en Galicia eso no sería tan fácil, ya que ese mes está prevista la celebración de oposiciones. Además, detecta «cuestiones técnicas que resultan ambiguas en los documentos enviados» y lagunas en lo referido a las enseñanzas de idiomas y adultos, además de «contradicciones» en lo referido a la Formación Profesional. A pesar de las constatadas diferencias, la Consellería publicará mañana unas instrucciones que remitirá a los centros educativos que de ella dependen, adaptando las indicaciones del Ministerio. Sindicatos y padres celebran que no se impartan más contenidos A la espera de cómo la Consellería traduce la Conferencia Sectorial de Educación del miércoles en unas instrucciones de aplicación directa en los centros gallegos, sindicatos y padres concuerdan con las líneas generales de lo acordado entre Ministerio y Comunidades. Principalmente, el consenso sobre la no impartición de nuevos contenidos docentes en el tercer trimestre, y que este se limite a acciones de refuerzo y recuperación sobre lo ya impartido en las dos evaluaciones anteriores. Más dudas hay respecto a un hipotético regreso a las aulas, aunque sea sin nueva carga lectiva, como manifestó la ministra Isabel Celaá. «Nos da igual que los niños vuelvan a clase o no si existe el más mínimo riesgo sanitario», advirtió en declaraciones a ABC Fernando Lacaci, presidente de la Federación de Anpas de Galicia, si bien «no estamos en contra de que vuelvan a rematar el curso con los compañeros, sin el más mínimo atisbo de academicismo». Tampoco hay rechazo a las facilidades para la «promoción general», que para Lacaci o Paula Carreiro (UGT) no significan «un aprobado general». «El quid no está en la promoción, sino en cómo arrancamos el curso próximo y recuperamos las materias no impartidas», apunta el portavoz de las Anpas. «Es bueno que la promoción y la evaluación positiva sean lo normal y que lo excepcional sea el suspenso», sostuvo Luz López (CC.OO.), quien echó de menos que a estas alturas el Ministerio no hubiera sido capaz de consensuar un criterio con las Comunidades de aplicación en el conjunto del Estado. Respecto a un escenario sanitario que impidiera celebrar la Selectividad, López defendió la necesidad de esta prueba «porque su peso compensa las descompensaciones de la nota del Bachillerato». Por su parte, Carreiro admitió que cancelar la EBAU «es una opción que siempre estuvo ahí», si bien «ese es un problema que deben resolver la CiUG y las universidades».
FUENTE DIARIO ABC: