Esto, luego de la denuncia presentada por un grupo de diputados por la presunta sobrefacturación en la compra de tapabocas y la vinculación de contratos a favor de
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“Repudiamos las graves sospechas de corrupción suscitada en la Dinac a cargo de Édgar Alberto Melgarejo Ginard, cuya responsabilidad como ordenador de gastos lo coloca como principal protagonista del despilfarro del dinero público”, señalaron.
Asimismo, pidieron al titular del Poder Ejecutivo que destituya inmediatamente al funcionario, como señal clara de su compromiso en la lucha contra la corrupción, “que debe ser catalogada como delito de lesa humanidad, porque permite que haya un enriquecimiento ilícito a costa del dolor, de la salud, de la muerte, de la educación y del desarrollo de nuestro país”.
Así también, manifestaron su preocupación debido a la propagación del coronavirus (Covid-19) y la precariedad absoluta del sistema de salud para enfrentar la pandemia.
“Esta penosa situación, producto de la corrupción y la impunidad, no puede ni debe ser tolerada, por lo que ante la grave sospecha de una corrupción pública, la reacción del Gobierno debe ser inmediata e implacable contra los responsables del manejo del dinero público”, remarcaron.
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Las denuncias contra la Dinac saltaron luego de una compra, vía excepción, de 4.000 tapabocas a un costo de G. 29.990 cada uno, cuando el monto promedio es de G. 15.000 aproximadamente.
Entre tanto, la empresa que fue beneficiada con el contrato (Proyectos Global SA) está representada por una joven de solo 20 años (Katherine Pamela Toñánez Vera).
La joven también representa al Consorcio Aero Tech, que realizó trabajos de asistencia y mantenimiento de equipos aeronáuticos, comunicación, navegación y vigilancia, por un monto de G. 2.101 millones.
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Según los diputados, el consorcio realizó tres veces el mantenimiento de los equipos en un lapso de seis meses, cuando las recomendaciones son hacerlo cada seis meses o un año.
De la misma manera, expusieron que las empresas vinculadas a la joven no tienen siquiera la antigüedad requerida (nueve años) para los trabajos.
Finalmente, detallaron que la Dinac pagó G. 1.715 millones a la firma por los trabajos de mantenimiento, incluso abonó G. 999 millones en dos días, cuando no existía ningún apuro.
Melgarejo alegó un trasfondo político y abrió un sumario administrativo para todos los funcionarios y empresas vinculadas a la compra de mascarillas.