El aislamiento es la premisa esencial para las personas que integran el Programa de Testigos e Imputados protegidos, y bajo esa condición rigen sus nuevos estilos de vidas y ahora también los recaudos sanitarios en
medio de la pandemia del coronavirus. Algunos integrantes de dicho régimen solicitaron al Ministerio de Justicia una ayuda financiera al ver sus economías domésticas dañadas por la cuarentena total. Pero además de esas novedades personales, hay otra noticia política: luego de haber recuperado el manejo del Programa y designado a su titular, el ministerio de Justicia resolvió que responderá a uno de los hombres más leales a Cristina Kirchner, el secretario de Justicia Juan Martín Mena.
Mena integró la Agencia Federal de Inteligencia durante la conducción de Oscar Parrilli, y es todo un “alfil” de la vicepresidenta. Nuevamente integrando el ministerio de Justicia, antes del inicio de la pandemia del COVID19 era uno de los responsables en trabajar en la reforma judicial que anunció el presidente Alberto Fernández.
El actual Secretario de Justicia, se encuentra procesado junto a Parrilli y a la vicepresidenta de la Nación -entre otros-, en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, expediente que ya se encuentra elevado a juicio oral. Es un hombre de trayectoria en el ministerio que conduce Marcela Losardo. Ya habían trabajado juntos cuando ella ocupaba el cargo que hoy ostenta el abogado.
El 19 de marzo, en el Boletín Oficial se publicó la designación del nuevo director del Programa, Santiago Eguren, abogado y uno de los apoderados del Frente de Todos. También fue funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante una parte del segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner.
Pero el dato es que, como director de este programa que brinda protección a más de 400 personas -incluyendo sus grupos familiares- reportará a la Secretaría de Justicia, es decir a Mena. “Regresa a su conformación original, porque así era antes que se cree la Agencia independiente durante la anterior gestión”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
Cuando Mauricio Macri dejó la Casa Rosada, el Programa contaba con 236 personas, de las cuales solo quince eran en causas por corrupción. Pero todos ellos estaban vinculados a expedientes contra Cristina Kirchner y sus ex funcionarios. Ahora, en este último grupo sólo quedan doce, tras la salida de Víctor Manzanares (ex contador de Cristina Kirchner), Leonardo Fariña y Alejandro Vandenbroele. Todos ellos renunciaron justamente por temor a la influencia de la vicepresidenta en la “protección” de quienes la habían acusado.
Geolocalización, nueva identidad, restricciones en el uso de líneas celulares, trabajos en lugares como remiserías, pizzerías, confiterías, puestos de flores, son sólo algunas de las condiciones bajo las cuales viven los integrantes del Programa, la gran mayoría de los cuales llegó a él por causas de narcotráfico y trata de personas.
Entre los doce imputados en causas de corrupción, varios se convirtieron primero en arrepentidos, y luego pidieron ser parte del sistema de protección. En esas causas, casi todos apuntaron contra la vicepresidenta.
Tal es el caso del ex chofer Oscar Centeno, que con sus ocho cuadernos desnudó el “sistema de recaudación de fondos ilegales (coimas) que pagaban los empresarios y cobraban los ex funcionarios”. El expediente colocó a Cristina Kirchne como la principal responsable al punto de acusarla y enviarla a juicio oral bajo la calificación de jefa de esa asociación ilícita.
En esa misma causa, confesó e ingresó al programa el ex funcionario kirchnerista José López, quien sostuvo que Cristina Kirchner “tenía conocimiento de lo que sucedía” y que era quien “decidía a qué empresas se pagaba /certificaciones de obras primero, de un listado que se le entregaba todos los meses”. Además, expresó que la propia ex Presidenta una vez le dijo “podés ser parte de la solución o del problema”, pidiéndole explicaciones sobre ciertas anotaciones que habrían referido a los sobornos.
Dos años después de quedar detenido en una causa donde se lo acusó junto a la vicepresidenta por lavado de dinero, Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, se acogió al régimen del imputado colaborador en el caso Cuadernos, y pidió ser parte del Programa de Protección. Apuntó a cómo los ex presidentes construyeron su fortuna a través del rubro hotelero, señaló algunas inconsistencias en las declaraciones juradas y cómo Cristina estaba al tanto de esos movimientos. También sumó detalles sobre la estructura de blanqueo que montó con Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner.
Por otras causas sensibles para los Kirchner, también fueron parte del programa Leonardo Fariña y Alejandro Vandenbroele: el primero, en “la ruta del dinero K”, develó las operaciones lavado encabezadas por Lázaro Báez, ex socio comercial de Cristina Kirchner, y habló de aquella relación y algunos negocios que los vincularon. El segundo, señalado testaferro de Amado Boudou, confesó en una causa conexa a Ciccone en la que se condenó al ex vice por cohecho.
Pero al igual que Manzanares, Fariña y Vandenbroele decidieron abandonar el régimen al que habían ingresado después de convertirse en imputados colaboradores en casos de corrupción. Coincidieron en plantear que el cambio de Gobierno no les brindaba seguridad en cuanto a su privacidad y resguardo, ya que habían denunciado a los K, que ahora tenían que vigilarlos.
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