La educación sexual podría convertirse en un delito penado con hasta cinco años de cárcel en Polonia si el Parlamento aprueba una ley que criminaliza la “promoción de la actividad sexual entre los menores de edad”. La iniciativa legal, impulsada por una asociación provida y que en su enunciado afirma que busca evitar que “se promueva la pedofilia” y “proteger a los niños y jóvenes contra la depravación sexual”, ha sido criticada por la oposición al Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS), organizaciones civiles y el propio Parlamento Europeo, que consideran que en la práctica, la norma persigue a quienes impartan nociones de educación sexual.
El PiS, que votó en octubre a favor de la admisión a trámite del proyecto de ley conocido como Stop Pedofilia, consideraba entonces que el temor a que los educadores puedan acabar en prisión se debe, en palabras del diputado Marcin Ociepa recogidas por la agencia Reuters, a una “sobreinterpretación de la ley”.
La norma, sin embargo, ha puesto en alerta a la sociedad civil —movilizada en las calles— y a las instituciones europeas. La Federación Internacional de Planificación Familiar en Europa, en un texto difundido en el último trimestre del año, instaba al Parlamento polaco a “defender la salud y el bienestar de niñas y niños en lugar de eliminar las protecciones esenciales”. Guillermo González, presidente de la federación estatal, afirma en entrevista telefónica que la iniciativa es “un ataque frontal a los derechos sexuales y reproductivos” y la compara con “otras que estamos viendo en España, como el pin parental de Vox”, una medida que obliga a la dirección de los centros educativos a pedir la autorización de los padres para dar a los niños charlas, talleres o actividades con carga ideológica contraria a sus convicciones. González señala también que la iniciativa polaca se asemeja a una ley rusa del año 2012 que prohíbe la educación sexual.
El Parlamento Europeo aprobó en noviembre una resolución en la que condena la iniciativa. En ella considera que las disposiciones del proyecto de ley penalizarían “la provisión de educación sexual integral a menores bajo pretexto de prevenir la pedofilia, lo que tendría un impacto en, entre otros, educadores, activistas, personal de atención médica, psicólogos, editores, periodistas e incluso padres o tutores legales”. La Eurocámara recuerda que “la salud sexual es fundamental para la salud y el bienestar general de las personas, las parejas y las familias, además del desarrollo social y económico de las comunidades y los países, y que el acceso a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, es un derecho humano”.
En el texto aprobado, el Parlamento Europeo “expresa su profunda preocupación por las disposiciones extremadamente vagas, amplias y desproporcionadas” de la norma y “pide al Parlamento polaco que se abstenga de adoptar el anteproyecto de ley y que garantice que los jóvenes tengan acceso a una educación integral en sexualidad y que quienes brindan dicha educación e información reciban apoyo de manera objetiva”.
Klementyna Suchanow, escritora, periodista e integrante del movimiento feminista Huelga Nacional de Mujeres, explica a EL PAÍS en un correo electrónico que el proyecto de ley se encuentra en comisión parlamentaria. “Fue muy criticado y ahora el Gobierno guarda silencio”, añade la activista. En 2018, la presión social hizo que el Ejecutivo ultracatólico diera marcha atrás a una reforma que pretendía restringir aún más la interrupción legal del embarazo, solo permitido ya si era resultado de una violación o de incesto, si la vida de la mujer estaba en peligro o si el feto sufría malformaciones o enfermedad irreversible. La nueva propuesta, que finalmente quedó aparcada, buscaba suprimir este tercer supuesto.
El PiS revalidó en octubre su mayoría absoluta en la Cámara baja. Desde entonces, el partido que lidera el ex primer ministro Jaroslaw Kaczynski ha logrado aprobar en el Congreso un proyecto de ley que contempla el despido de los jueces críticos con las reformas y los nombramientos judiciales. Una medida cuestionada por Bruselas, que en diciembre pidió que el Parlamento frenara la tramitación del proyecto hasta que la Comisión de Venecia —un órgano consultivo que depende del Consejo de Europa y está formado por expertos constitucionalistas independientes— se pronunciase sobre el mismo, lo que previsiblemente ocurrirá esta semana. Los diputados conservadores, sin embargo, dieron el visto bueno al texto horas después y lo enviaron al Senado.