La ambigua redacción de la orden que permite ofrecer una vivienda a víctimas de violencia de género y otros colectivos vulnerables sigue despertando polémica. El Gobierno ha desmentido que el texto habilite
las expropiaciones y ha asegurado que simplemente alquilará viviendas a propietarios privados para cederlas posteriormente a inquilinos vulnerables. Pero el sector inmobiliario no se fía de esta promesa. Este martes, el consejo general de los colegios oficiales de agentes de la propiedad (APIS) ha lanzado un comunicado en el que asegura que la norma «sí abre la puerta a afectar viviendas de titularidad privada y eso sólo puede hacerse a través de procesos expropiatorios». «No se describe cuál es la vinculación de la crisis sanitaria con el colectivo de destinatarios del programa de ayudas. Más bien parece que desde el Gobierno se está utilizando el estado de alarma para legislar, por medio de una norma de rango normativo inapropiado, sobre materias en las que no deberían hacerlo al afectar a un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad privada protegido en el artículo 33.1 y que llevan a dudar de la constitucionalidad de la medida», explica el presidente del de los APIS, Gerardo Duelo. La organización añade que la normativa afecta de forma clara a un derecho fundamental como es la propiedad privada y por tanto debe ser considerada inconstitucional. «Se escapa claramente a la finalidad del propio decreto-ley, que no es otro que abordar las necesidades surgidas como consecuencia directa del Covid-19 y no otras realidades sin duda necesitadas también de protección», avisa la organización. El párrafo que ha despertado toda esta polémica es el siguiente: «Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes». El propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado que no se habilitan las expropiaciones, sino que el Estado pagará el alquiler de un inquilino vulnerable a determinados propietarios. Además de la organización de agentes de la propiedad, otros partidos políticos como el PP o Vox han denunciado que con esta norma se está atentando contra la propiedad privada.
FUENTE DIARIO ABC: