Coronavirus en Argentina: la Cámara Federal de Casación recomendó otorgar arrestos domiciliarios por la pandemia

de coronavirus. La medida se conoce en medio de la sobrepoblación del Servicio Penitenciario Federal, como también la cantidad de pedidos de prisiones domiciliarias que se presentaron desde el 20 de marzo al a fecha ante el Máximo Tribunal Penal federal.

Más de 250 pedidos de excarcelaciones y prisiones domiciliarias ingresaron a la Cámara de Casación en los últimos veinte días. El argumento reiterado en casa planteo, es el riesgo de contagio del coronavirus si los detenidos permanecían dentro de las instalaciones del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Lo cierto es que más del 70% de esos reclamos que, previamente pasaron por diversos Tribunales Orales Federales (TOF) fueron rechazados por el Máximo Tribunal penal federal. Esto significa que las respuestas negativas sean apeladas y se acumulen también los reclamos en el fuero.

Por ello, en el marco de la cuarentena total prorrogada por la emergencia sanitaria por el COVID19, la Casación firmó una acordada donde recomiendan a los jueces federales “que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder”.

En particular se aludió a detenidos con prisión preventiva por “delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo”, siempre con “mecanismos de control y monitoreo”. La acordada sostiene, por otro lado, que la medida será revisada cuando concluya la emergencia sanitaria que rige por el Covid-19. “Una vez superada la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, los casos deberán ser sometidos a un nuevo re-examen”, plantearon.

Esta nueva decisión firmada por once jueces de la Casación más la disidencia de Catucci y Riggi, alcanza a aquellos detenidos dentro del SPF que cuenta con 14.007 internos. De ese universo las autoridades penitenciarias informaron que 1.280 integran el grupo de riesgo, por sus enfermedades preexistentes y el grupo etáreo al que pertenecen.

Fuentes judiciales señalaron a Clarín, que el 30% de los casos que podrían acceder a una prisión domiciliaria -teniendo en cuenta el 70% de los pedidos rechazados-, son los que deben contemplarse en el marco de esta nueva acordada,  donde deberá tenerse en cuenta el planteo que formulen las querellas y las fiscalías intervinientes como vinculantes. 

Además, se instó a dar prisión domiciliaria en los casos en que la prisión preventiva haya superado “ostensiblemente” los plazos previstos sin condena y “tomando en cuenta las características de cada proceso”.

En el listado de posibles beneficiados se incluyó a condenados por “delitos no violentos que estén próximos a cumplir la pena impuesta” o con condenas a penas de hasta tres años de prisión.

También aquellos detenidos que estén “en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional”.

La Cámara de Casación recordó que en anteriores disposiciones ya recomendó dar arresto domiciliario a mujeres embarazadas y/o encarceladas con hijos e hijas y adultos mayores o con discapacidades que expongan a “un mayor riesgo de complicaciones graves” si se contagian.

En este grupo incluyó a personas inmunodeprimidas, enfermedades crónicas comocoronarias, diabetes, pulmonares y VIH.  “Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados”, se explicó en la acordada.

En el caso de delitos graves Casación encomendó a los jueces federales de todo el país “meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo” la posibilidad de otorgar beneficios por el Covid-19.

La acordada publicada durante la noche del lunes, es una respuesta a planteos hechos por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y el Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura.

Todos pidieron al máximo tribunal penal federal del país que establezca un parámetro general de actuación para los tribunales inferiores del fuero.