El vicepresidente Pablo Iglesias habría intercambiado documentos con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con el que está en contacto para el desarrollo de este ingreso. Por Iván Gil
El Gobierno prepara una renta mínima vital de 500 euros para las personas que hayan visto drásticamente disminuidos sus ingresos por las crisis del coronavirus o que no tenían ingresos previamente. Este jueves, los ministerios proponentes -vicepresidencia de Derechos Sociales, Trabajo y Seguridad Social- aseguran haber recabado el apoyo de empresarios, sindicatos y organizaciones del tercer sector para su implantación. El objetivo es aprobar con la mayor premura posible un ingreso “puente” de carácter temporal mientras se sigue trabajando en el desarrollo de uno permanente, el cual tiene una mayor complejidad técnica, aunque no será en el Consejo de Ministros de mañana y probablemente tampoco en el del martes, según fuentes del Ejecutivo.
Desde el entorno de la vicepresidencia liderada por Pablo Iglesias se ha podido constatar, según trasladan, “mediante conversaciones telefónicas, que grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven adecuada y positiva esta medida”. El vicepresidente, según añaden, habría intercambiado documentos con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con el que está en contacto. Fuentes de la CEOE señalan su apoyo a que se saquen adelante ayudas a los más vulnerables, matizando su rechazo a estas rentas sean generalizadas (la conocida como renta básica universal), en línea con lo que prepara el Ejecutivo.
El objetivo es aprobar con la mayor premura posible un ingreso “puente” temporal mientras se sigue desarrollando uno de carácter permanente
En las reuniones celebradas este jueves se ha planteado la necesidad de “un gran acuerdo de país basado en el constitucionalismo social para afrontar la crisis”, incidiendo en la necesidad “urgente” de poner en marcha un ingreso mínimo vital “que garantice que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar esta crisis”. Al margen de este ingreso de cuarentena, desde los ministerios proponentes se remarca el compromiso, incluido ya en el programa de Gobierno, de establecer a medio plazo un ingreso mínimo similar pero de carácter permanente.
El plazo que se baraja para la implantación de esta renta mínima vital permanente es de unos tres meses, por lo que mientras tanto se aprobará el denominado “puente”. Este último permanecerá vigente hasta la aprobación del ingreso mínimo vital definitivo y completará así el denominado “escudo social” que está construyendo el Gobierno “para que nadie quede desprotegido en esta crisis”. Esta propuesta ya estaba contando con aliados de un espectro transversal, que va desde el tercer sector y colectivos sociales hasta el vicepresidente del BCE Luis de Guindos, quien ha defendido una “renta mínima de emergencia”.
El plazo que se baraja para la implantación de una renta mínima permanente es de unos tres meses
Los sindicatos CCOO y UGT, ya plantearon en anteriores legislaturas una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para una renta mínima vital de carácter permanente, que ahora demanda que sea abordada en sede parlamentaria en cuanto termine la situación de emergencia. Así lo han trasladado en la reunión por videoconferencia de este jueves, trasladando la necesidad “de dotar una prestación social de emergencia para los miles de trabajadores y ciudadanos que han perdido sus empleos o sus ingresos”. Asimismo han reclamado que en este proceso el diálogo social “juegue su papel” y que “no hay tiempo que perder”. “Los efectos socioeconómicos de la pandemia sanitaria están siendo terribles. Amortiguar sus efectos requieren reforzar una red de protección social de emergencia, salvaguardar empleos, y trabajar por un plan de reactivación económica para cuando dejemos atrás la absoluta prioridad del país: doblar y atajar la pandemia”, añaden desde CCOO.
En las últimas sesiones del Consejo de Ministros, el Gobierno ha ido ampliando el denominado ‘escudo social’ con diferentes subsidios para trabajadores temporales, empleadas del hogar o afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), además de prohibir el despido procedente por causa del coronavirus, suspender los desahucios y los cortes de suministros o decretar moratorias para el pago de las hipotecas, los alquileres y los créditos al consumo.
En el debate en el seno del Gobierno se volvieron a reproducir con la cuestión de la renta mínima los bloques que desde que se decretó el estado de alarma ya se vienen manifestando entre el sector del Ejecutivo que defiende aplicar políticas expansivas y de protección social, encabezado por José Luis Escrivá (Seguridad Social) y Pablo Iglesias (Vicepresidencia de Derechos Sociales), y el que se inclina por mantener a raya el déficit, que lideran la vicepresidenta económica, Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
fuente elconfidencial