El escándalo por la compra de alimentos por con sobreprecios millonarios por parte del ministerio de Desarrollo Social se cobró ayer quince despidos y una lluvia de reproches y sospechas: desde las volcánicas
declaraciones de Juan Grabois pidiendo “que rueden cabezas” hasta investigaciones penales y pedidos de informes en el Congreso, tal como anticipó este diario. Pero detrás de la hojarasca hay una red de proveedores del ministerio que fueron especialmente invitados a ofrecer productos que ni siquiera fabricaban, sin licitación alguna y con precios muy por encima de los que cualquiera consigue en su barrio.
Un grupo de seis empresas quedaron el lunes bajo la lupa tras venderle al Ministerio de Desarrollo Social en medio de la emergencia por el coronavirus productos a precios más altos que los del mercado y que los valores máximos que puso la SIGEN. En muchos casos, las empresas están relacionadas entre sí, tal como admitió el propio presidente Alberto Fernández el lunes por la noche en TN. “Esto de lo único que habla es de la cartelización de estos sectores que ni siquiera en medio de esta situación son capaces de flexibilizar las posiciones. Si hubo algún acto de corrupción el primero que va a perseguir al corrupto es el presidente.” Y agregó : ”Lo que más me preocupó es que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios”. Y el ministerio los pagó, le faltó aclarar.
Las firmas cuestionadas son son Forain SA, Teylem SA, Copacabana S.A, Sol Ganadera SRL, M.H. Accurso SRL, Alimentos Generales SA.
Las dos primeras integran el grupo L, del empresario Víctor Lusardi, un viejo y próspero proveedor del Estado nacional y bonaerense sobre todo, que se dedica a la venta mayorista de productos alimenticios. Entre las dos empresas vendieron aceite, arroz, lentejas y fideos. Recordemos, No produce ninguno de ellos, todos los gobiernos le compraron como a un gestor. Fue proveedor de alimentos en cárceles y escuelas y con decenas de contratos con diferentes estados provinciales y municipales. El kirchnerismo lo denunciaba por sus negocios con el gobierno de María Eugenia Vidal.
Copacabana S.A es otro mayorista de alimentos. El Gobierno le compró aceite, aunque no lo produce, y fideos, que no fabrica, y lentejas, que tampoco fabrica, lo mismo que el arroz y el azúcar. Es de la familia Assisa. Osvaldo Assisa fue presidente y ahora es secretario de la Unión de Empresas de Proveedores del Estado. La empresa está vinculada societariamente con Alimentos Generales, otra de las proveedoras de Desarrollo Social en la infausta compra de comida, con arroz y azúcar, que tampoco produce. A su vez, igual que Sol Ganadera SRL, funciona en Corrientes 1327, 4to piso. Comparten otro detalle: Federico Toscano es apoderado de una y director de la otra.
M.H. Accurso Está ubicada en Coronel Bogado, cerca de Rosario. Se definen como una “empresa familiar” y se dedica al “cultivo de legumbres secas” y elaboración de hortalizas, frutas y legumbres deshidratadas: eso explicaría su oferta al Estado por las lentejas.
En boca de todo el país, el Grupo L del empresario Lusardi dijo este martes en un comunicado que “fue invitado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a participar de una serie de licitaciones para la compra de alimentos. Luego de analizar la situación, se realizaron ofertas en las licitaciones de aceite, harina, arroz, fideos y lentejas”, y la cartera que dirige Daniel Arroyo les adjudicó el 20% de las cantidades solicitadas de cada producto.
Y ahí vienen las supuestas explicaciones: “el costo del producto en un contexto de escasez que dificulta la obtención de grandes cantidades (las ofertas fueron en todos los casos por cientos de miles de kilos o de litros); el costo de financiar al Estado, que habitualmente paga en plazos no inferiores a los seis meses; y el costo de implementación de una logística de emergencia para retirar, transportar y entregar las grandes cantidades de alimentos solicitadas en plazos perentorios” habrían sido la excusa para los sobreprecios, que según el comunicado “están en algunos casos por encima del promedio de los precios testigo de la SIGEN, en otros en niveles parecidos y en dos casos por debajo de ese valor. Estamos absolutamente tranquilos respecto de las decisiones tomadas en este proceso licitatorio”, concluye.
Clarín escuchó a un proveedor tradicional del ministerio de Desarrollo Social, que participa de sus licitaciones hace más de veinte años. “Ellos pagan mal y tarde, y las fábricas normales no podemos vender porque no podemos esperar. Yo tengo 45 empleados, tengo que producir, pagar impuestos”, se lamenta el hombre, a quien le deben más de 250 millones de pesos de viejos contratos.
“Entonces los políticos recurren a esta manga de ladrones que sólo hacen reventas, tienen un escritorio con un teléfono y nada más. Y a las firmas grandes no les interesa participar. Esto se pudrió con Carlos Castagneto, que ahora no es funcionarios pero sigue manejando el ministerio. “Cuando era el segundo de Alicia Kirchner, armaba reuniones con los proveedores de la mesa de alimentos y pedía entre el 10 y el 15 por ciento de coimas, y al que no le gustaba se tenía que ir. Yo lo tuve que hacer, porque si no, no laburaba”. Clarito.
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