La Justicia le otorgó prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou

oportunidades que se revise su situación.

La última presentación hizo alusión a la Emergencia sanitaria declarada por el coronavirus. Para darle el beneficio de la domiciliaria, se dispuso que se realice también un monitoreo electrónico del ex vicepresidente que será trasladado a su casa del barrio de Barracas.

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia decidió que no habilitaría la feria judicial extraordinaria para dar un pronto despacho a un pedido de los abogados de Amado Boudou para que se revise la condena que recibió en el caso Ciccone. Pero a contramano de esa decisión, la Justicia federal con la firma del juez Obligado concedió el beneficio del arresto domiciliario al ex vicepresidente de Cristina Kirchner.

El último pedido que el abogado Alejandro Rúa y su socia Graciana Peñafort realizaron ante la Justicia adujó a la pandemia del coronavirus. Citaron, entonces, que debía atenderse la situación ante la declaración de emergencia por parte del Estado nacional para evitar que continúe propagándose el coronavirus.

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¿Qué aspectos analizó el juez? Sostuvo que el actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del Covid 19, “trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales, afectando entonces la implementación de los objetivos conductuales que en definitiva logren con éxito la inserción social de quien resulte condenado, una vez recuperada su plena libertad”, escribió.

Explicando más ampliamente este punto, señaló que Boudou se encuentra en pareja con dos hijos pequeños, “siendo que el grupo familiar” de su compañera “reside en México, y tiene dificultades para viajar por la enfermedad de su padre, a lo cual, ahora, cabría adicionar la prácticamente mundial prohibición de viajar”. “El único sostén económico y emocional para los niños de dos años, resulta ser su madre”, argumentó el juez.

Analizando otros aspectos, el juez Obligado planteó que le corresponde a Amado Boudou, acusado de cohecho y negociaciones incompatibles por la compra venta de la ex Calcográfica, una “morigeración” de su condena, es decir, que pueda cumplir la misma en su domicilio dejando así el Penal de Ezeiza.

En sus argumentos, el juez Obligado también sostuvo que hay “falta de de firmeza de la pretendida condena impuesta a Boudou”, tal como reclamaron los abogados Peñafort y Rúa. De hecho, sus abogados ya habían argumentado que en tal contexto de emergencia sanitaria mundial por la Pandemia del Covid-19, era aconsejable “morigerar el encierro dispuesto”, refiriéndose a los planteos formulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “las morigeraciones al encierro penitenciario”.

Entonces, el juez del Tribunal sostuvo que la detención debe “ser considerada una medida cautelar llamada a regir sólo durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto”, insistiendo en que la condena por cohecho aún no se encuentra firme, pese a contar con una confirmación por parte de la Cámara de Casación Penal que el año pasado, por unanimidad. confirmar el fallo del TOF 4 que ordenaba la ejecución formal de la pena del ex vice​ en la causa Ciccone, condenado a 5 años y 10 meses de cárcel por la venta fraudulenta de la ex calcográfica.

Amado Boudou fue condenado después de un año de juicio, por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), cuya prisión se hizo efectiva tras la lectura de la sentencia. El juez Obligado, tuvo en consideración que el ex vice “ya estuvo detenido, fue excarcelado, se le revocó tal beneficio y retornó al encierro penitenciario. Hasta el momento viene cumpliendo con las pautas procesales que se le han impuestos y también registra Conducta 10, concepto 6”, según un informe socio ambiental recibido. 

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Por otro lado, se analizó la situación sanitaria que atraviesa el país. En este punto, Obligado señaló que en el estado de situación de la pandemia “se incrementan los riesgos personales” de Boudou “en relación a su núcleo familiar conviviente, por lo que en este contexto situacional habré de morigerar su encierro”, sostiene la resolución a la que accedió Clarín.

El Servicio Penitenciario Federal, responsable de 14.007 internos, aplicó controles médicos diarios, como también medidas de higiene con cuadrillas de limpieza y auditorías sobre las misma.