Suspensión laboral afecta a unos 8.000 empleados y rebasa al MT

Orué indicó que hasta el momento concedió el permiso para la suspensión de actividades a solo 15 empresas, que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la cartera

para el otorgamiento del pedido. Los trabajadores de las firmas que ya obtuvieron la suspensión de sus actividades laborales cobrarán el 50% de sus salarios a través del subsidio que otorgará el IPS mediante la transferencia de los USD 100 millones, estipulada en la ley de Emergencia Nacional. Al respecto, el viceministro del Trabajo señaló que recién el lunes enviará al ente la nómina de los trabajadores que serán beneficiados con los pagos.

Orué mencionó que recibió un gran número de pedidos de suspensión laboral de grandes firmas que considera fuera de lugar, como por ejemplo, de empresas de transporte y de estaciones de servicio, que figuran entre las exceptuadas de cumplir la cuarentena y que están trabajando.

El funcionario del Trabajo mostró su malestar porque varias grandes empresas con recaudaciones millonarias por mes, comprobadas en las planillas de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), y que tienen respaldo para pagar un mes de salario a sus empleados, también radicaron sus pedidos de suspensión ante la cartera estatal.

“Sinceramente, no puedo entender a estas empresas, porque hasta las microempresas, con recaudación mínima y sin respaldo económico, van a pagar la mitad del salario a sus trabajadores, mientras que aquellas que recaudan millonarios montos por mes, están pidiendo parar y no pagar”, se quejó.

Saturación. El Ministerio del Trabajo recibe las denuncias, quejas y pedidos de suspensión a través de 10 líneas telefónicas disponibles para el efecto, así como por una página web, que se encuentran totalmente saturadas por la gran cantidad de usuarios que intentan conectarse cada día. “En dos días entraron más de 100 pedidos de suspensión y estamos realmente sorprendidos”, aseveró y añadió que cuentan con solo dos funcionarios para atender las llamadas telefónicas, que trabajan solo hasta las 14:00 ante la prohibición de abonarles horas extras. Además, Orué comentó que la cartera recaudó G. 600 millones menos en concepto de multas por parte de las empresas.

“Entendemos esta situación, no le podemos exigir a las empresas a que paguen sus multas si además también le estamos pidiendo que no despida a su personal. Pero la menor recaudación impedirá que paguemos los salarios de junio a nuestros funcionarios contratados, como los fiscalizadores y los dictaminantes de Asesoría Jurídica, que están trabajando tres o cuatro veces más para atender todas las denuncias”, concluyó .