Las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas han denegado a los líderes independentistas presos la posibilidad de pasar el confinamiento en casa. La Consejería de Justicia de la Generalitat, competente en
materia penitenciaria, atribuye esta decisión a las «amenazas y coacciones» del Tribunal Supremo sobre los funcionarios de las prisiones, después de que el alto tribunal advirtiera que podrían incurrir en un delito de prevaricación. La Generalitat había anunciado que buscaría resquicios legales para que los presos en segundo grado que disfrutan de la flexibilización del artículo 100.2 –entre ellos, los nueves presos secesionistas– pudieran dormir en casa como medida para «esponjar» las cárceles y prevenir contagios. Y es que el reglamento permite pernoctar en sus domicilios a quienes están en tercer grado, pero no así a los de segundo que tienen el 100.2, pese a que –antes de decretarse el estado de alarma– también podían salir durante el día a trabajar. Finalmente, las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners (Barcelona), Mas d’Enric (Tarragona) y Puig de les Basses (Gerona) han descartado que los líderes secesionistas duerman en casa mientras dure el estado de alarma. También lo han descartado respecto a otros presos comunes que estaban en la misma situación. Solo las cárceles de Quatre Camins y Wad-Rass (Barcelona) han permitido confinar en casa a un total de 15 internos a los que se aplica el 100.2, que representan un 15 % del total de los que están en esta situación. Tras esta decisión, la consejera de Justicia, Ester Capella (Esquerra), ha acusado este jueves al Tribunal Supremo de querer «condicionar» la decisión de las juntas de tratamiento, algo «vergonzoso e inapropiado en un estado de derecho». Y la decisión ha vuelto a evidenciar la perenne pugna entre republicanos y posconvergentes: la mujer de Jordi Turull (JpC) ha cargado contra Capella en las redes sociales.
FUENTE DIARIO ABC: