El Gobierno se queda con los más de 2.400 millones de euros que las comunidades autónomas tienen a su disposición para la formación de desempleados para pagar el paro de los desempleados
afectados por la pandemia del coronavirus. Esta es una de las medidas que aparecen en el decreto para proteger a las familias y compañías, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que ha sido publicado hoy en el BOE. Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ni Montero, ni Calviño ni Iglesias hicieron alusión a esta medida. En la Exposición de Motivos del Real-Decreto Ley 11/2020 el Gobierno asegura que «en la ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año se establece la afectación de la cuota de formación profesional a la financiación del Sistema de Formación Profesional Para el Empleo, de forma que tales ingresos no podrán aplicarse a finalidades distintas». Ante esta acotación legal asegura que «dado el impacto económico ocasionado por las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 se procede a cambiar dicha afectación», por lo que permite que «los ingresos derivados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más amplias que la mera formación profesional para el empleo». De esta manera, el Gobierno establece, con carácter excepcional y extraordinario ante la pandemia del coronavirus, que los ingresos de la cotización por formación profesional de este año puedan destinarse a financiar subsidios de desempleo u otros programas de reinserción laboral. La cotización por formación profesional, que se aplica a todos los trabajadores en su nómina, asciende al 0,7%, tasa en la que las empresas aportan el 0,6 % y el trabajador el 0,1%. Según la última memoria de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) relativa a 2018, el presupuesto total del sistema de formación profesional ascendió a 2.414 millones euros. Quejas de las regiones Ante esta situación, Andalucía ha consensuado con otras comunidades autónomas una carta que han dirigido al ministerio de Trabajo para protestar por su decisión «unilateral» de destinar la financiación prevista para la Formación Profesional para el Empleo de las CCAA a otras partidas, dentro del real decreto aprobado ayer de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus. La Consejería andaluza de Empleo ha asegurado a través de una nota que «esta medida supone arrebatar cerca de 2.400 millones de euros a todas las comunidades autónomas, de los que en torno a 430 millones de euros corresponden a Andalucía». Las comunidades se anticipan con esta carta a la reunión vía telemática que mantienen este miércoles en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
FUENTE DIARIO ABC: