En la reunión se señaló el déficit en la política social de asistencia, además de aportar elementos indispensables para diagnósticos actuales para un rediseño aplicable de la ayuda
Los tres principales cuestionamientos que hace el grupo técnico a las medidas asistenciales anunciadas por el Gobierno tienen que ver, primeramente, con la necesidad de rigor técnico en cuanto a la asistencia o subsidio.
En este caso, piden mayor criterio para el establecimiento del monto de la asistencia, el perfil del destinatario, la cantidad de destinatarios, el ciclo operativo y tecnológico de la selectividad.
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“Incluye mecanismos ágiles de reclamo, periodización de respuestas a esos reclamos, instancias que seleccionan y las que fiscalizan, etcétera, que son aspectos claves para la transparencia en la gestión pública”, indica el comunicado.
Consideran relevante la participación de todas las políticas públicas, con respuestas complementarias que, aseguran, harán más fuerte y efectiva la contención, así como dar consistencia al desafío actual, “el cual se relaciona estrechamente con las políticas económica y social, priorizando al ser humano por encima del mercado y toda fuerza que la relativice, en el contexto de crisis generadas por Covid-19”, agregan.
En el comunicado, el gremio indica que no aceptan la idea de que la crisis por la pandemia Covid-19 se encare como acto de buena voluntad individual, por un lado; y actos reversibles con castigos, por el otro.
Los docentes planean desarrollar un Observatorio de Políticas Sociales desde la Facso, con la intención de que la Academia aporte a la revisión de las políticas públicas teniendo en cuenta que las Ciencias Sociales tienen la función de desenmascarar la realidad social y mostrarla tal cual es.
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“Dicha realidad puede referir al Estado, al mercado, a la sociedad civil, a los movimientos sociales, entre otros; por tanto, se pondrán a la vista problematizaciones enmarcadas en los DDHH, tendientes a propuestas para la mejora de la calidad de vida de las personas”, señala Stella García, parte del grupo impulsor.
El Gobierno, a través de la ley de emergencia sanitaria, exonera el pago de consumo de electricidad agua y servicio de Copaco por tres meses. Además, estableció un pago del 25% del salario mínimo para trabajadores cesados por el paro sanitario.
La normativa también prohíbe el desalojo por falta de pago de alquiler, en caso de abonar el 40% de precio acordado. El saldo se pagará posteriormente, antes de fin de año.
Asimismo, desde este martes se entregará el kit alimenticio para alumnos de distintas instituciones, con lo que se estima alcanzar a más de 37.000 estudiantes. También se prevé que las familias vulnerables que fueron afectadas económicamente por la crisis sanitaria del Covid-19 recibirán las transferencias electrónicas de G. 500.000, del programa Ñangareko.