Los presos alojados en el penal de Batán, cerca de Mar del Plata, podrán utilizar teléfonos celulares, según lo dispuso la Justicia ante las restricciones en las visitas familiares en esa cárcel para
evitar la propagación del coronavirus.
Fue el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Mar del Plata, a cargo de Juan Galarreta, el que hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y ordenó la “habilitación inmediata del uso de los celulares por los internos”.
Un pedido similar se realizó ante el Juez Nicolás Villafañe de La Plata, para que se habilite el uso de teléfonos móviles a los reclusos alojados en los penales de ese departamento judicial, que nuclea distintas unidades carcelarias en Olmos, Los Hornos, Gorina, Melchor Romero y Magdalena.
El recurso presentado por la CPM argumenta que “las medidas sanitarias decretadas para hacer frente al avance del coronavirus, que prohíben la circulación y restringen servicios púbicos de transporte, afectan directamente el traslado de familiares para las visitas en cárceles”, y sumado a la escaces de teléfonos públicos en las cárceles, los celulares “son la única posibilidad que tienen los detenidos y detenidas para mantener el vínculo afectivo y social con sus seres queridos”.
La Justicia hizo lugar al reclamo sosteniendo que en esas condiciones era “imprescindible la eliminación de cualquier normativa o práctica que impida la comunicación al exterior de las personas privadas de libertad”.
La prohibición de utilizar teléfonos celulares en las unidades penitenciarias se justifica en “razones de seguridad del establecimiento”, pero según los relevamientos habituales de la CPM, el Servicio Penitenciario Bonaerense “hace un uso discrecional y arbitrario de esa figura como una estrategia más de control y sanción. Sin embargo, esta estrategia de prohibición excesiva no sólo demostró ser ineficaz, sino que además no tiene sustento lógico”.
En su fallo, el magistrado hizo referencia al déficit en la cantidad y condiciones de los teléfonos públicos y remarcó que, entre las infracciones disciplinarias previstas por la ley, no existe una figura que sancione la tenencia de los celulares como así tampoco la comunicación pública de los internos al exterior.
En la misma sintonía se pronunció el Tribunal Criminal N 1 de Necochea ante un habeas corpus presentado por la Defensoría General departamental, que también alcanza a los reclusos de la unidad 37 de Barker.
La CPM también realizó en los últimos días una presentación administrativa ante el ministerio de Justicia, solicitando que se habilite el uso de teléfonos celulares en todas las unidades penitenciarias del país, señalando que la “comunicación es un derecho de todas las personas” y que la prohibición es “irrazonable y desmedida” en el contexto actual.
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