Las provincias petroleras, reunidas en la Ofephi, la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos, le enviaron a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Economía, Martín Guzman; y de Interior,
Eduardo De Pedro, una carta en la que reclaman el restablecimiento de un precio sostén para el barril de crudo. Esto es porque el petróleo está cotizando en torno a los US$ 30 y con tendencia descendente. Los gobernadores ya le habían mandado un documento similar al secretario de Energía, pero esta vez decidieron ir directamente a los ministerios.
“Implica una pérdida del 42% de los ingresos en regalías“, expresan las provincias petroleras (Neuquén, Chubut, Santa Cruz, entre las principales) para sostener el argumento que necesitan volver al precio del barril “criollo”, una política energética que existió hasta 2017, cuando fue desactivada por la administración de Mauricio Macri.
“Hay una caída significativa de la inversión en estimulación de pozos petroleros (pulling y workover, entre otros); falta de exploración, derivada de la cancelación de las inversiones proyectadas; desaceleración de las inversiones en las actividades directas e indirectas; caída de los puestos de trabajo relacionados con la actividad, tanto directos como indirectos”, manifiestan las provincias.
Los gobernadores solicitan volver a un precio “sostén” para la producción de petróleo. Además quieren que se mantengan los precios de los combustibles en el surtidor. También que se relajen los derechos de exportación y se liberen las exportaciones una vez que esté cubierto el mercado interno. También reclaman un “marco jurídico” que permita dotar de previsibilidad a las inversiones en el sector, “de manera de lograr competitividad” en el sector.
Las provincias están preocupados por las liquidaciones de regalías de los últimos meses. Solicitan al Estado nacional que se arbitren medidas para que sean con los valores del petróleo crudo vigentes en enero de 2020, previo al desplome por la pandemia por el coronavirus.
“La situación descripta (de caída de inversiones) genera un efecto adverso en las finanzas públicas de las provincias productoras de manera variada. Por el lado de los recursos, analizada la situación impositiva de la actividad, se advierte una baja en la recaudación en impuestos provinciales y se infiere una inminente situación de ruptura en la cadena de pagos, en tanto las empresas de servicios relacionadas con la actividad petrolera no estarían pudiendo hacer frente a sus dificultades económicas y financieras”, plantean las provincias.
Los gobernadores están preocupados por defaults de sus emisiones de deuda, al no contar con los ingresos necesarios. “Se reducen fuertemente las posibilidades de atender los próximos vencimientos de deuda por los diversos títulos emitidos por las provincias, que se encuentran garantizados con regalías.
“Sumado a esto, el costo del subsidio para los usuarios residenciales de gas licuado de petróleo absorbido casi totalmente por las provincias en los últimos años se ha vuelto un renglón importante en los presupuestos de las provincias”, caracterizan. Esa disposición fue para que los usuarios patagónicos -que requieren más gas que el resto del país para calefacción- vayan pagando el incremento de tarifas de una manera más escalonada.
Las provincias piden i un “precio sostén” para el productor de US$ 54, equivalente al valor utilizado en las últimas liquidaciones correspondientes a las operaciones de enero, a partir del 1 de marzo.
En una misiva anterior al secretario de Energía, Sergio Lanziani, las provincias indicaron que “la pérdida de recursos para el conjunto de provincias como consecuencia de los actuales valores internacionales de crudo asciende a unos US$ 3.800 millones y en el año llegan a significar hasta dos meses de salarios de nuestros agentes provinciales”.
Allí propusieron trabajar en un esquema de retenciones variables en función del precio internacional, en donde la alícuota tienda a 0% para el caso de las provincias exportadores de petróleo. Las retenciones establecidas en la Ley de Solidaridad son de 8% (antes eran de 12%), pero como este aspecto de la ley no se reglamentó aún se sigue cobrando el 12% anterior. Y afecta a toda la producción, no solo a las provincias exportadoras.
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