Un total de 1.065 personas han muerto en lo que va de mes de entre los usuarios de residencias de mayores de la región madrileña. De ellos, 760 lo hicieron en su
propio centro, y 305 en un hospital. No obstante, desde la consejería de Políticas Sociales matizan que no se puede concluir que todos estos fallecidos fueron causados por el coronavirus, debido a la falta de test para su detección En el mes de marzo de 2019, en las residencias de gestión indirecta y concertada, aproximadamente 200 en la Comunidad, fallecieron 460 ancianos. Estos datos no son oficiales, sino producto del trabajo de los inspectores del Centro de Control de Calidad e Inspeccion. En los 475 centros de mayores de la región residen un total de 52.031 personas mayores. De ellas, 1.065 personas han perdido la vida en lo que va de marzo. 760 han fallecido en residencia y 305 en hospital. Además, 655 personas han dado positivo en la prueba del Covid-19, 388 se encuentran hospitalizadas y 14.894 en aislamiento. De los residentes que han sido aislados, 4.156 presentan algún síntoma y 10.738 son actualmente asintomáticos. La consejería de Políticas tendrá a partir de ahora autoridad para intervenir de manera inmediata las residencias en situación crítica, incluso las que sean de carácter privado. Así se recoge en una orden de actuación que ha elaborado la Comunidad de Madrid. Eso significa que desde la Consejería se podrá designar a un funcionario para dirigir y hacerse cargo de aquellos centros donde la situación haga inviable la prestación de este recurso, independientemente de que el centro sea público o privado. La orden permite también la contratación de personal extraordinario para trabajar en los centros (estudiantes, jubilados…). Todos esos efectivos podrán dar servicio en las residencias de mayores en las que se requiera. Asimismo, permite poner en marcha nuevas residencias o modificar las ya existentes. Peticiones urgentes Además, la Consejería de Políticas Sociales, que dirige Alberto Reyero, seguirá comunicando a diario las incidencias que se detecten en los centros (falta de medios, problemas para traslado de cadáveres, etc) a la Consejería de Sanidad, a Delegación de Gobierno, y al Ministerio de Derechos Sociales. La consejería sigue reclamando con urgencia material de protección para las personas que trabajan en las residencias de mayores. Cuantifica sus necesidades en 185.000 mascarillas y un total de 930.000 EPIs, 350.000 guantes, 125.000 batas, 20.000 gafas, 125.000 gorros y 125.000 calzas. Así se lo ha hecho llegar a las autoridades sanitarias. También solicita con urgencia personal sanitario a la autoridad competente: se necesitan 100 sanitarios para atender adecuadamente a las personas de los centros residenciales. Medidas adoptadas La Comunidad ordenó el cierre de los centros de mayores el 6 de marzo, una semana antes de que se declarara el estado de alarma. En el protocolo de actuación que se mandó entonces a los centros, se establecía ya el aislamiento de los positivos, la habilitación de espacios comunes y salas de estar para estas personas, la dotación a cada uno de estos usuarios de una mascarilla quirúrgica y las instrucciones personalizadas acerca de las medidas de prevención de la transmisión, teniendo en cuenta el nivel cognitivo y capacidad de colaboración de cada persona. El 8 de marzo, se planteó ya la restricción de visitas en las residencias, tanto públicas como privadas, para disminuir el riesgo de infección. Las peticiones de material de protección y de test del Covid-19 por parte de las autoridades de Políticas Sociales han sido reiteradas durante estas semanas. De hecho, el 10 de marzo la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), mediante el procedimiento de declaración de emergencia, adquirió EPIs por valor inicial de 1,05 millones de euros para dotar a todos sus centros de más medidas de protección. A partir del 18 de marzo, se intensificaron los controles en los centros -tras conocerse la existencia de máss de 17 fallecidos en un mismo centro- y se impuso una inspección diaria, que se realiza por vía telefónica dadas las circunstancias de confinamiento general. El consejero Alberto Reyero ha solicitado en varias ocasiones que el Ejército entrara en las residencias, tanto para atender a los residentes como para tareas de desinfección, una petición que no siempre ha respaldado el Gobieron regional. La Unidad Militar de Emergencias comenzó a entrar a desinfectar residencis el 19 de marzo. Ya han intervenido en unos 80 centros de la región.
FUENTE DIARIO ABC: