Las derivadas en los tribunales de la crisis del coronavirus ya llegan a la Comunidad Valenciana. Al pronunciamiento de un juzgado de lo Social para ordenar a la Conselleria de Sanidad entregar
material de protección sanitario en 24 horas, se unirá una denuncia contra la delegada del Gobierno, Gloria Calero, por haber permitido la celebración de eventos multitudinarios como la manifestación del 8 de marzo. Es, al menos, la intención del abogado Víctor Valladares (según confirma a ABC), quien ha propiciado que un juzgado de Madrid haya abierto una investigación penal contra el delegado del Gobierno en esa comunidad, José Manuel Franco Pardo, para comprobar si cometió delito al autorizar marchas como la feminista pese a los datos sobre la expansión del coronavirus con los que ya se contaba en esos momentos y las recomendaciones de la Unión Europea. El escrito del particular apuntaba a un delito de prevaricación administrativa, pero en su auto la juez señala que la calificación jurídica correcta podría ser esta o ser en concurso con otras como el delito de lesiones por imprudencia profesional. La denuncia del letrado iba dirigida contra el presidente Pedro Sánchez y contra todos los delegados del Gobierno de España. La magistrada, sin embargo, indicaba que la competencia respecto al primero correspondía al Tribunal Supremo y respecto a los segundos a los juzgados de cada territorio. Motivo por el que el abogado presentará una denuncia en Valencia adecuándola a la comunidad. Los plazos no están demasiado claros debido a la indicación del Consejo General del Poder Judicial de que no se presenten denuncias que no sean urgentes dada la situación actual. La intención es que se interponga durante los próximos días, pero tal vez sea cuando finalice el estado de alarma. Aun así, la voluntad de Valladares pasa por que se investiguen las responsabilidades también de Gloria Calero. La ordenación de diligencias de la juez que ha abierto la investigación en Madrid resultan, en este sentido, importantes. Entre ellas, pide un informe forense que determine si las manifestaciones fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas, si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración o si las autoridades competentes y la Delegación del Gobierno realizaron advertencias sobre los riesgos sanitarios de acudir a las marchas y proporcionaron a los asistentes medidas de prevención. Quedará por comprobar las consideraciones al respecto de los juzgados valecianos.
FUENTE DIARIO ABC: