
La Corte Suprema de la provincia de La Pampa advirtió a los intendentes y gobernadores para que no corten rutas y caminos. Y reclamó que los fiscales intervengan de oficio contra
los que realicen bloqueos por fuera de lo establecido por el gobierno nacional. Además, advirtió que los funcionarios que no cumplan con este fallo pueden tener hasta dos años de prisión por “entorpecer el normal funcionamiento de los transportes”.
El comunicado emitido por la máxima instancia judicial de La Pampa tuvo un efecto inmediato en los bloqueos que había en Victorica y otras localidades provinciales, donde los intendentes levantaron los bloqueos que habían establecido en sus municipios.
El profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Pampa, Andrés Gil Domínguez, destacó la importancia del comunicado que emitió la máxima instancia judicial provincial, ya que “es un antecedente para todo el país”, en torno a la reiteración de bloqueos en rutas y caminos, donde se colocan vallas y retenes de tierra que impiden el tránsito de autos y camiones. “Es una interpretación correcta del Decreto 297” dictado por el presidente Alberto Fernández, “para garantizar el federalismo”, sostuvo el constitucionalista Gil Domínguez.
De hecho, este miércoles por la mañana las entidades vinculadas a la producción agroindustrial habían enviado una carta a todos los gobernadores pidiéndoles que ayuden a facilitar el tránsito de insumos y alimentos, ante las “medidas adicionales de prevención y restricción de acceso que están imponiendo” más de 70 municipios de diferentes provincias. Esas restricciones son “contra camiones de carga de granos, subproductos e insumos agrícolas, que ingresan a los acopios para llevar esa mercadería a puertos, plantas avícolas, tambos, feedlots, cerdos e industria alimenticia en general, incurriendo en serios inconvenientes en la circulación de mercaderías y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria nacional”.
Es que se registraron numerosos inconvenientes para circular en más de 70 municipios, que restringen derechos establecidos en la Constitución, sin fundamentos legales, como ocurrió con el de Ezeiza, donde el intendente bloqueó con retenes de tierra el paso de autos y camiones.
La carta enviada a los gobernadores por 40 entidades del sector agroindustrial agrega que “las prohibiciones de circulación en municipios y rutas hacen imposible cargar la mercadería generando faltantes en todos los lugares de recepción de maíz, trigo, soja, cebada, sorgo y girasol, entre otros granos e insumos agropecuarios”.
“Los cierres de acceso a municipios pueden generar en los próximos días (más aun con el inicio de la cosecha gruesa del país) una parálisis de la comercialización de insumo, granos y subproductos, para la industria nacional de consumo así como para la exportación”, planteó la carta enviada a todos los gobernadores, con la firma de la Bolsa de Cereales, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y el Centro de la Industria Lechera, entre otras 40 entidades del sector agroindustrial.
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