En esta ocasión, se detectó la presencia de otros 15 ciudadanos, supuestamente provenientes de Taiwán, al igual que los primeros. Ninguno de los 30 habría pasado los controles
sanitarios.
Este segundo procedimiento estuvo a cargo de la agente fiscal Analía Rodríguez, quien señaló que solicitarán informes a la Dirección de Migraciones sobre el ingreso al país de estas personas.
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Algunos de ellos manifestaron que ingresaron al país en febrero, mientras que otro grupo aludió a la primera semana de marzo como fecha de entrada. De todas formas, todos deberán atravesar un estricto control sanitario.
En el sitio allanado se encontraron sustancias prohibidas a ser analizadas, así como documentos varios, teléfonos celulares y equipos informáticos que permanecerán bajo pericia.
Tras la denuncia de unos vecinos del barrio Boquerón de Ciudad del Este, una comitiva fiscal-policial allanó durante la mañana de este miércoles una vivienda ubicada en la mencionada zona, donde se encontraban 15 ciudadanos taiwaneses aglomerados.
Debido a las medidas de distanciamiento social impuestas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus, la fiscala Estela Mary Ramírez había realizado el procedimiento con la autorización del juez penal Carlos Vera.
La comitiva constató que 14 de los 15 ciudadanos de Taiwán, que estaban en la casa, ingresaron al país como turistas el pasado 9 y 12 de marzo, a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
Uno de los taiwaneses no pudo justificar su entrada al país, exponiéndose a ser deportado por la Dirección General de Migraciones.
La representante del Ministerio Público mencionó además que la mayoría entró al país con USD 5.000 a USD 6.000, por lo que no se descarta que hayan ido a la capital de Alto Paraná para hacer turismo de compras. Además, indicó que uno de los demorados estaba tosiendo.
Así también, Ramírez reveló que ordenaría la detención del encargado del grupo, quien, según detalló, sería un hombre que cuenta con antecedentes penales por cría de animales en peligro de extinción.
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De acuerdo con el informe fiscal, se trata de un taiwanés que ya estaba en el país y habría sido el nexo y gestor para la documentación de los demás orientales, motivo por el cual está sujeto a un proceso penal.
La agente fiscal remarcó que todos están documentados, pero igualmente serán investigados por omitir el control sanitario dispuesto por el Gobierno, que es el punto álgido.
De momento, todos quedaron en aislamiento en la residencia y se exponen a multas y hasta a un proceso penal por la violación de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo, las cuales pretenden distanciar a la población y así mitigar el contagio del Covid-19.