El progresivo avance que el coronavirus tuvo en la Argentina impactó en la Justicia federal. La semana comenzó con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar días inhábiles del 16
al 31 de marzo, con guardias mínimas a cargo de jueces y funcionarios. La puja por declarar la feria judicial que reclaman el gremio de Julio Piumato y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal aún continúa, y mientras tanto la cotidianidad de Comodoro Py expone las medidas adoptadas: poco personal, movimiento reducido.
Piso por piso, la circulación de personal judicial, abogados, agentes de seguridad, el movimiento habitual de quienes van a resolver diversas situaciones, se vio sustancialmente reducida.
Carteles, dispensers de alcohol en gel y medidas restrictivas de distancia entre las personas visten los pasillos vacíos y silenciosos del edificio donde, por ahora, sólo permanecen los jueces y funcionarios de los respectivos despachos.
“Reduje el personal a más de un tercio antes de la decisión de la Corte y ahora somo muchos menos, tomando todos los recaudos”, señaló un juez del cuarto piso a Clarín. La imagen se repite: sólo los jueces -en algunos casos se turnan con personal del juzgado- permanecen allí.
Las medidas se extremaron durante el transcurso de la semana. Los magistrados esperan que el funcionamiento se torne más virtual, pero las dudas persisten. Desde octubre de 2019, el Consejo de la Magistratura dictó la Emergencia Estructural y Tecnológica en el Poder Judicial. “Hay muchos trámites que online se pueden iniciar, pero después las propias dificultades del sistema te prohíben que todo sea virtual“, explicaron desde un Tribunal Oral.
Los jueces y fiscales federales, decidieron reducir la cantidad de personal en las oficinas, con turnos rotativos para respetar el distanciamiento social impuesto en estos tiempos. El movimiento de expedientes se encuentra reducido a los pocos recursos humanos con los que se cuenta en cada juzgado, y las prioridades se enfocan en temas vinculados a pedidos de excarcelaciones y urgencias.
Los jueces trabajan a puerta cerrada, con poca circulación por los pasillos de Comodoro Py y evitan acercarse a otros despachos. Ante la posible declaración de una cuarentena nacional, estas últimas dos mañanas las tareas se aceleraron para dejar resueltos algunos pedidos.
Las causas, las investigaciones y medidas a instruir sobre las mismas quedaron en un segundo plano. Con la dotación de personal reducida durante estos días, “avanzar se vuelve complejo, pero además la Corte especificó que muchos procesos judiciales quedan suspendidos por el momento”, detalló un representante del Ministerio Público Fiscal.
Se decidió “suspender la atención al público salvo para las actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de letrados y o partes”. Respecto a los asuntos que no admiten demora, la Corte Suprema de Justicia determinó “que las partes podrán solicitar la habilitación de días y horas inhábiles”. Estas son por el momento, las prioridades en la Justicia.
Los Tribunales Orales ubicados en el sexto piso del edificio no quedaron exentos a las medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19. Por el momento, las audiencias de los juicios quedaron suspendidas. “Aunque recomendaron usar las salas más grandes, las audiencias reúnen muchas personas y en algunos casos los imputados están dentro del grupo de riesgo por la edad, sería imprudente celebrar las audiencias”, explicaron desde uno de los TOF a Clarín.
Nadie se atreve a plantear cuándo podrían retomarse los juicios orales. “No es tiempo de mirar el calendario”, expresó uno de los jueces que conforma un Tribunal. Todo quedó detenido.
Aunque las autoridades explicaron que no se trata de una feria judicial, el silencio reinante, la poca circulación en los pasillos y el reducido movimiento de personal en los despachos, trasmite desde Comodoro Py la sensación de transitar dos semanas de descanso. Sólo la cartelería, la presencia de alcohol en gel y los controles ejercidos por el gremio judicial revelan el motivo real de ese panorama desierto.
Estos días de servicios restringidos, el gremio encabezado por Julio Piumato impulsó la creación de patrullas sanitarias, para garantizar el cumplimiento de las medidas ordenadas por las autoridades y exigiendo que en simultáneo se realicen las inversiones necesarias para adquirir los insumos que las políticas preventivas demandan. La Corte ordenó la aplicación de 40 millones de pesos para volcar a las dependencias del Poder Judicial.
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