La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido este martes al expolicía
federal Ezequiel Peña Cerda, por su presunta relación con la tortura del maestro Carlos Canto, encarcelado en octubre de 2014 por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, una ciudad del Estado de Guerrero, al suroeste de México.
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Las sospechas de la implicación de autoridades en la tortura de los detenidos por el caso han estado siempre presentes desde el inicio de las investigaciones. Pero fue el pasado mes de junio cuando salió a la luz un vídeo en el que Canto, con los ojos vendados, estaba siendo maniatado y ahogado con una bolsa de plástico por agentes de la Fiscalía para que se declarara culpable por la desaparición de los normalistas.
Ya el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó en 2018 un informe en el que se aseguraba que al menos 34 detenidos habían sido torturados. En 23 de los casos, las víctimas señalaban a las autoridades. Al menos 61 funcionarios fueron señalados por estar involucrados en actos de tortura y detenciones arbitrarias contra 56 personas en el ‘caso Ayotzinapa’, de los cuales 37 son parte de la Policías Federal Ministerial.
Junto a Peña Cerda, que ahora ocupaba el cargo de director del Área de Investigación Criminal (AIC), se ha ordenado la detención de otros tres implicados. Entre ellos está, según información del diario Reforma, Isidro Junco Barajas, policía ministerial en 2014 y que ahora ocupaba un cargo en la dirección de seguridad de la Cámara de Diputados. También tienen órdenes de aprehensión Carlos Gómez Arrieta, entonces encargado de la Policía Federal Ministerial y una de las voces del vídeo de las torturas y Julio Dagoberto Contreras, suboficial de la AIC. Ambos se encuentran prófugos. La detención de Peña Cerda también arroja dudas sobre las acciones de Tomás Zerón, quien entonces era el director de la Policía Ministerial que se encargó de recabar las pruebas del caso, ya que era el mando superior del expolicía.
Con estas detenciones, la investigación por el caso da un giro, ya que la FGR está yendo a por los actores clave del caso que conmocionó a México hace seis años. El pasado jueves 5 de marzo el Gobierno mexicano recibió a los padres y las madres de las víctimas en Palacio Nacional para darles información acerca de los avances sobre el caso. Ese mismo día, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con la FGR para indagar y esclarecer la muerte de los 43 estudiantes en 2014.
Con estos hechos, la famosa verdad histórica promulgada por el extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, se está “derrumbando y fue construida a base de tortura y mentiras”, según ha dicho Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. Por ahora, hay dos detenidos y otras dos órdenes de aprehensión contra altos funcionarios implicados en el caso. Después de años de pausa e inacción, las familias parecen ver algo de luz en una de las grandes tragedias de los últimos años en el país.