Desde el ex vicepresidente Amado Boudou al ex piquetero Luis D´Elía, pasando por Lázaro Báez y los empresarios Cirigliano, ocho detenidos en causas por corrupción pidieron en estos días su excarcelación y algunos prisiones
domiciliarias, ante el temor de contagiarse del coronavirus. Los pedidos fueron formulados ante los diferentes Tribunales Federal de Comodoro Py, donde muchos de ellos están siendo juzgados y otros cumpliendo condena.
Con una guardia mínima, garantizando el servicio de jueces y funcionarios –como estableció la Corte Suprema de Justicia-, los Tribunales recibieron esta semana más de diez pedidos en casos de corrupción y lesa humanidad, de detenidos que pidieron se revise su privación de la libertad en el marco de la emergencia sanitaria.
Amado Boudou condena por el caso Ciccone
Como contó Clarín, el ex vicepresidente que cumple condena por el caso Ciccone -cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública- pidió un pronto despacho a la Corte Suprema de Justicia para que su pedido tenga tratamiento exprés. Sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, requirieron su excarcelación por riesgo al contagio del COVID-19.
En un sentido similar, Lázaro Báez requirió ante el TOF 4 su excarcelación por temor a contraer el coronavirus. El escrito se presentó ante el Tribunal que tiene a su cargo el juicio por “la ruta del dinero K”, que en el contexto del avance de la pandemia suspenderá sus audiencias hasta el 31 de marzo inclusive. Es el plazo que estableció la Corte como días inhábiles a modo preventivo.
Lázaro Baez durante el juicio por la Ruta del Dinero K.
Entre sus argumentos, la abogada de Lázaro Báez sostuvo que debe considerarse “el riesgo para la salud del imputado”, en el marco de la pandemia mundial.
En la órbita del Servicio Penitenciario Federal se está elaborando un registro de todos los reclusos que podrían ser parte de las poblaciones de riesgo, se han limitado los traslados de reclusos, se restringió el ingreso incluso de personal del Poder Judicial, se han reducido al mínimo las visitas -que sólo se hacen en espacios abiertos- y se ordenó la compra de material sanitario. Para la abogada de Báez esto último “brilla por su ausencia” y sostuvo que su defendido “ha tenido múltiples internaciones extra-muros, así como en el Hospital” de la cárcel.
“Como consta en su legajo de salud, Báez padece múltiples patologías, que hacen a su particular vulnerabilidad respecto de esta grave pandemia”.
El contratista K se encuentra detenido desde abril de 2016 por orden del juez Sebastián Casanello, pero logró la excarcelación el año pasado. Sin embargo, continúa con prisión preventiva en un caso conexo a la Ruta del Dinero K que avanza hacia el juicio oral.
Ricardo Jaime condena y preso por la Tragedia de Once.
La lista de presos en casos de corrupción y que requirieron su excarcelación planteando el temor que les genera que el COVID-19 se propague en la dependencia carcelaria incluye a Luis D´Elía, a quien le habían concedido el ingreso de una medicación específica pero le negaron la prisión domiciliaria. El ex líder piquetero se encuentra cumpliendo condena por la toma de la comisaría de la Boca.
También pidieron su excarcelación Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y los hermanos Cirigliano, todos ellos cumpliendo condena que obtuvo confirmación por parte de la Cámara de Casación, por la tragedia de Once. Todos ellos requirieron dejar la cárcel ante el temor de contraer coronavirus. Schiavi pidió una prisión domiciliaria.
En el marco del mismo expediente, Víctor Astrella, ex directivo de la concesionaria del tren Sarmiento TBA, también solicitó su excarcelación argumentando que el penitenciario no garantiza las medidas de higiene preventivas frente al COVID-19.
Además, los Tribunales Orales recibieron un conjunto de escritos de doce presos en diversos expedientes de lesa humanidad, donde el eje también se centra en la edad y que muchos de los acusados integran el grupo de riesgo planteado por los anuncios oficiales y los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. En algunos de estos casos, los pedidos de prisión domiciliaria son previos a la irrupción de la pandemia, pero ahora fueron reforzados.
Del Servicio Penitenciario Federal, dependen diez establecimientos en todo el país. Entre las más grandes se encuentran las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz. En todas las dependencias del Servicio se alojan 14.007 personas.
Servicio Penitenciario de Ezeiza
Las autoridades del SPF decidieron por el momento no prohibir el régimen de visitas a las cárceles, pero las mismas se realizan con mayores controles y demandan más tiempo, por lo cual evaluaron extender los horarios.
Por otro lado, las visitas a las diversas prisiones se realizan sin reducciones de sus días, pero sólo se hacen en espacios abiertos.
Las medidas preventivas tuvieron que aplicarse también al interior de las dependencias carcelarias. Entre otros chequeos médicos, a los internos se les toma de forma cotidiana la temperatura, en especial a quienes integran el grupo de riesgo y padecen enfermedades preexistentes.
Como medida de higiene se armaron cuadrillas de limpieza integradas por los internos que son auditadas. Se busca intensificar las políticas sanitarias y se complementó con la provisión de alcohol en gel.
Hasta la fecha, ninguno de los presos presentó síntomas vinculados al COVID-19: sólo tuvieron internos extraditados desde otros países que permanecieron quince días en cuarentena, pero estos casos fueron hace más de un mes.
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