Las causas que involucran a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Luis María Blaquier y Gabriela Michetti sufren complicaciones por el virus. Por Karina Poritzker
os jueces de turno en los tribunales federales de Retiro se concentran en el trámite urgente de medio centenar de denuncias que llegan cada día por violación de cuarentenas obligatorias. Advierten que habrá indagatorias y analizan detenciones.
Las energías están puestas además en resolver pedidos de excarcelación o arresto domiciliario por parte de detenidos que argumentan correr peligro de contagio en las cárceles.
La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, resolvió hoy que haya una “prestación mínima” de servicios en el edificio, redujo su dotación a unos pocos empleados y ordenó hacer lo mismo a los tribunales y juzgados inferiores de Comodoro Py 2002.
La pandemia de coronavirus dejó semi desiertos los juzgados que tramitan las causas por corrupción en la función pública nacional. Tanto es así, que la emergencia puso en pausa juicios orales, investigaciones y resoluciones inminentes.
Desde el domingo a la noche y sin aguardar la decisión de la Corte Suprema que declaró días inhábiles hasta el 31 de marzo para la actividad judicial, los grupos de WhatsApp se activaron para coordinar decisiones que se formalizaron a primera hora del lunes.
El juicio por la “ruta del dinero K” a Lázaro Báez y sus cuatro hijos, Leonardo Fariña, Fabián Rossi, Federico Elaskar, entre otros, tenía prevista audiencia este miércoles pero está suspendido hasta nuevo aviso. La decisión se toma en una etapa crucial de alegatos finales con pedidos de condena. Se esperaba escuchar al fiscal Abel Córdoba.
Hasta nuevo aviso quedó suspendido también el juicio a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en etapa de declaraciones de testigos.
El lunes, abogados y querellas de otro debate, el que se sigue al ex titular de AFIP Ricardo Echegaray por supuesto delito al otorgar beneficios que no habrían correspondido para la importación de un auto a un agregado comercial de Taiwán, recibieron llamados adelantando una videoconferencia. Finalmente, este juicio también se interrumpió.
Otros debates en pausa son el que juzga la corrupción en Yacyretá y el de la causa Oil Combustibles.
Sólo en un Tribunal, el Oral Federal 2, se acumularon en las últimas horas reclamos de excarcelación de tres condenados por la tragedia del tren de Once, el ex secretario de Transporte Ricardo Schiavi, el motorman Marcos Córdoba y un ex directivo de la empresa TBA Víctor Astrella.
En la sala uno de la Cámara Federal porteña debatían por estos días la situación de Luis María Blaquier, el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses en el macrismo, procesado por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones tienen pendiente confirmar o no ese fallo vinculado a la suscripción en 2016 de obligaciones negociables de Arcor y Cablevisión con fondos del organismo. Una de las decisiones que tendrá que esperar.
También se aguardaban las primeras medidas de prueba en la denuncia presentada contra la ex vicepresidenta Gabriela Michetti por presuntas contrataciones irregulares para refacciones en el Senado Nacional.
La fiscal del caso, Paloma Ochoa, imputó a la ex funcionaria de Mauricio Macri y entregó su dictamen al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
Este último magistrado estuvo de turno hasta el domingo y desde el viernes debió atender medio centenar de denuncias diarias por violación a la cuarentena obligatoria impuesta para quienes vuelven del exterior, para quienes hayan contraído coronavirus o estado en contacto directo con algún afectado.
A este panorama se sumarán desde el jueves las denuncias que lleguen si hay incumplimiento de una de las últimas disposiciones del gobierno nacional: la prohibición de transportar pasajeros parados en colectivos y trenes.
fuente iprofesional