Los bombardeos de Estados Unidos no amilanan a las milicias proiraníes de Irak. Empeñadas en su objetivo de expulsar de este país a las tropas de la superpotencia, han vuelto a atacar la base de Taji este fin de semana, por segunda vez en 72 horas. La escalada llega en un momento especialmente difícil para Irak, con un Gobierno en funciones, la crisis del coronavirus y el precio del petróleo (su principal fuente de ingresos) en caída libre.
A diferencia del jueves, cuando el ataque mató a dos soldados estadounidenses y una británica, la treintena de cohetes Katyusha lanzados a media mañana del sábado alcanzaron las unidades de la defensa aérea iraquí en Taji. No está claro si por error o como advertencia. Sus instalaciones se encuentran cerca de la zona donde se aloja la coalición internacional. Dos soldados iraquíes y tres estadounidenses resultaron heridos de gravedad; también quedaron dañadas las pistas de la base, que se encuentra a 30 kilómetros al norte de Bagdad.
A finales de febrero, un responsable de Kataeb Hezbolá, Abu Ali Askari, hizo un llamamiento a todos los iraquíes, y en particular a los miembros de las fuerzas de seguridad, para que “dejaran de trabajar con los americanos”. Washington acusa a esa milicia, que califica de organización terrorista, de los ataques contra sus intereses. Estados Unidos tiene 5.000 soldados desplegados en Irak en el marco de una coalición internacional que el Gobierno de Bagdad solicitó en 2014 para combatir al Estado Islámico y en la que también participa España.
Hoshyar Zebari, exministro iraquí de Exteriores, considera que el nuevo ataque a la base de Taji constituye “otra indicación de que [las milicias] pretenden una escalada contra Estados Unidos y las fuerzas de la coalición internacional que trabajan en Irak”. Así lo ha expresado en su cuenta de Twitter donde se muestra convencido de que va a ver “más acciones de represalia”.
Desde que el presidente Donald Trump sacó a su país del acuerdo nuclear en 2018, la República Islámica, que respalda a las milicias chiíes, reanudó sus llamamientos a expulsar a las tropas norteamericanas de Irak y el resto de Oriente Próximo. Pero esa retórica ha adquirido vida propia desde el pasado enero, cuando en una operación de represalia por un ataque que mató a un estadounidense, Washington asesinó al general iraní Qasem Soleimani y a su mano derecha en Irak, Abu Mahdi al Mohandes, fundador de Kataeb Hezbolá.
Ahora, ese ciclo de violencia amenaza con hundir Irak aún más en la inestabilidad. A pesar de haber logrado expulsar al Estado Islámico de un tercio de su territorio, el país no ha logrado deshacerse de la política sectaria que arraigó tras el derribo de Sadam Husein por EEUU en 2003. Desde octubre del año pasado, amplias protestas populares han reclamado el fin de la corrupción y el reparto de las instituciones entre los distintos grupos comunitarios. La presión de la calle llevó al primer ministro Adel Abdelmahdi a dimitir en diciembre. Sin embargo, los políticos han sido incapaces de consensuar un remplazo.
En esa precaria situación institucional, el país se ha encontrado con una doble crisis: la epidemia de coronavirus y la caída del barril de petróleo. Dado que el crudo constituye su principal fuente de ingresos, la guerra de precios en la que se han enzarzado Arabia Saudí y Rusia constituye un golpe a su línea de flotación. Con la perspectiva de una disminución significativa de los ingresos, el Gobierno difícilmente puede responder a la epidemia.
De momento, sólo ha confirmado 110 personas infectadas de las que han muerto nueve en una población de 38 millones. Pero nadie duda de que son muchos más habida cuenta tanto de los contactos comerciales, religiosos y militares con el vecino Irán, como de la precariedad de la red sanitaria. Hasta el cierre de fronteras a finales de febrero, decenas de miles de peregrinos llegaban a diario para visitar los lugares santos del islam chií.
