Las consecuencias políticas de la matanza ultraderechista de Hanau no se han hecho esperar. Todas las miradas están puestas en Alternativa para Alemania (AfD), el partido de extrema derecha al que
el resto de la clase política alemana acusa de incitar al odio y legitimar desde el Parlamento la xenofobia con su discurso antiinmigración. El partido socialdemócrata (SPD) ha pedido a la Oficina para la Protección de la Constitución, los servicios secretos internos, que sometan a AfD a vigilancia.
“En Hanau hubo un tiroteo, pero parece que hubo muchos que le proporcionaron munición y AfD es desde luego uno de ellos”, ha dicho el secretario general del SPD, Lars Klingbeil. El manifiesto que dejó escrito Tobias R., el hombre que presuntamente asesinó a nueve personas, la mayoría de origen extranjero en Hanau, estaba plagado de ideas xenófobas y llamaba a “aniquilar” comunidades enteras. “El partido ha envenenado el clima social en los últimos meses. Está bastante claro que AfD es un partido que necesita ser monitoreado por la Oficina para la Protección de la Constitución (BfV)”, pidió Klingbeil.
Klingbeil no fue ni mucho menos el único en vincular el ataque al ideario y la retórica de AfD. Cem Ozdemir, un destacado político de Los Verdes, consideró a AfD “el brazo político del odio”, que aspira a desestabilizar el sistema. Norbert Röttgen, uno de los aspirantes a la sucesión de Angela Merkel en el partido conservador CDU consideró que “no debemos ver el crimen de manera aislada. Hay que luchar contra el veneno que AfD y otros traen a nuestra sociedad”, dijo a la prensa alemana.
Mientras, desde AfD trataron de reducir el atentado a un crimen cometido por un enfermo mental, al margen de motivaciones ideológicas. “Esto no es terrorismo ni de derechas ni de izquierdas, esto es un acto paranoide de un hombre loco. Cualquier tipo de instrumentalización política de este terrible acto es un error cínico”, tuiteó Jörg Meuthen, colíder de AfD. Algo parecido sostuvo otro de sus líderes, Alexander Gauland, quien dijo que no cree que “ningún debate en el Bundestag tenga nada que ver con estar totalmente perturbado mentalmente”. AfD entró por primera vez en el Bundestag en septiembre de 2017, tras obtener el 12,6% de los votos, contribuyendo a crispar el debate parlamentario.
El ala juvenil del partido, así como Der Flügel, el ala más radical de la organización son consideradas sospechosas por la Oficina de Protección de la Constitución. La BfV halló en la organización juvenil “claras indicaciones de actitudes antiinmigración y antiislam”, “enfatizadas con una retórica agresiva”, lo que supone a su juicio un ataque al orden constitucional y de las libertades democráticas básicas.
La Oficina para la Protección de la Constitución indica que hay 24.100 extremistas de ultraderecha en Alemania y de ellos, 12.700 podrían cometer actos violentos. Los servicios secretos internos alemanes han estado en el último año en el centro de la polémica, después de que su anterior director, Hans-Georg Maassen, fuera destituido por su supuesta complicidad con tesis ultraderechistas. Holger Münch, jefe de la policía criminal, aseguró ante la prensa en Berlín que uno de los problemas a los que se enfrentan es que cerca de la mitad de los atacantes de ultraderecha no eran conocidos de la policía, lo que supone un reto.
Mientras, el Gobierno alemán, que acaba de aprobar un plan para combatir el extremismo de derechas, ha considerado este viernes que “el extremismo de derechas es la mayor amenaza para la seguridad en Alemania”. El ministro de Interior, Horst Seehofer, ha alertado además en conferencia de prensa que la amenaza relacionada con crímenes “vinculados a la extrema derecha, el antisemitismo y el racismo es muy alta” y ha anunciado el refuerzo de la seguridad en posibles objetivos como mezquitas, aeropuertos o estaciones de transporte. Seehofer calificó lo sucedido en Hanau como “un ataque terrorista con motivaciones racistas”.