Los titulares de los quince Juzgados de lo Penal de Sevilla han acordado por unanimidad solicitar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la suspensión durante
quince días de los juicios que tienen señalados por ante la situación generada por la epidemia del coronavirus. En su mayoría, estos juzgados se encuentran en el edifico Noga, cuyas condiciones de «insalubridad y hacinamiento» puede conllevar riesgos para la salud pública. Precisamente, dos de ellos y uno de nuevo creación están siendo trasladados estos días a los edificios del Prado de San Sebastián. En la junta de jueces de lo Penal celebrada este miércoles y presidida por el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, los quince magistrados han aprobado pedir al TSJA suspender quince días las vistas orales. La decisión de la suspensión o no durante este periodo de los juicios corresponde a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No obstante, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, puede elevar esta incidencia al Consejo General del Poder Judicial para que tome la última decisión. Mientras llega la decisión del TSJA, los quince jueces han establecido celebrar los juicios a puerta cerrada, según ha confirmado a ABC el magistrado David Candilejo, titular del Juzgado de lo Penal número diez de Sevilla. Del mismo modo, el juez de lo Penal número once, Joaquín Yust, ha señalado a este periódico que el decano de los jueces de Sevilla va a trasladar esta decisión a los jueces de lo Social, que también se encuentran en el edificio Noga, cuyos largos y estrechos pasillos y sus salas de vistas están atestadas de personas a diario. Está por ver si la medida adoptada por los jueces de lo Penal se extiende por otras jurisdicciones de Sevilla. Consejo General del Poder Judicial Esta decisión de los jueces de lo Penal de Sevilla llega el mismo día en el que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado en sesión extraordinaria una instrucción de actuaciones judiciales para garantizar el servicio público judicial adaptada a las recomendaciones de las autoridades sanitarias en relación con la epidemia de coronavirus COVID-19. La instrucción establece directrices para la actuación judicial en función de distintos escenarios: uno general para todo el territorio nacional y otro para los territorios en los que se hayan establecido medidas especialmente intensas para limitar la propagación y el contagio de la enfermedad, como por ejemplo la Comunidad de Madrid. Bajo la dirección de la Comisión Permanente, se constituye una Comisión de Coordinación y Seguimiento que estará integrada por el secretario general, el gabinete de la Presidencia, el gabinete técnico, el servicio de inspección, la oficina de comunicación, el servicio de Personal Judicial y la sección de Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial. A la vista de las instrucciones y recomendaciones que dicten las autoridades sanitarias en cada momento y de las incidencias que vayan comunicando los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, podrán adoptarse nuevas medidas por la Comisión Permanente. Los objetivos que se persiguen con las instrucciones acordadas son, por un lado, minimizar los contactos interpersonales que puedan favorecer la transmisión del coronavirus en dependencias judiciales o con ocasión de la prestación del servicio público judicial y ajustar la prestación de este servicio a las indicaciones emanadas de las autoridades sanitarias, promoviendo la coordinación de las distintas instancias con competencias en el ámbito de la Administración de Justicia; y por otro evitar actuaciones unilaterales y descoordinadas. Medidas de protección Para el ámbito específico de la Administración de Justicia se recomiendan la aplicación de medidas de conciliación entre la vida personal y laboral (permisos y autorizaciones), el fomento del teletrabajo para las miembros de la Carrera Judicial que en función de sus características personales o estado biológico conocido puedan ser consideradas como especialmente sensibles (embarazo, patologías previas, medicación…); o la dispensa del uso de la toga para los abogados en los actos procesales en los que este sea preceptivo. En cuanto a los territorios del escenario 1, como es Andalucía, las medidas a adoptar incluyen la realización de los señalamientos con tiempo suficiente entre ellos para que no haya una gran afluencia de partes y de profesionales esperando la celebración de vistas en un espacio común; la restricción temporal de la asistencia de público a los actos procesales -limitándola a un número de personas que permita mantener una distancia de seguridad de un metro- y la utilización en la medida de lo posible del sistema de videoconferencia. El escenario 2 comprende los territorios en los que se hayan establecido medidas especialmente intensas para limitar la propagación y el contagio por el coronavirus, como Madrid. La determinación de los territorios en los que hayan de adoptarse las medidas contempladas en este escenario será competencia de la Comisión Permanente del CGPJ. Se contempla la posibilidad de que los jueces acuerden la suspensión de plazos procesales y de actuaciones procesales ya acordadas por razones sanitarias. Estos casos precisarán de la autorización del presidente del tribunal correspondiente y de la ratificación posterior de la Comisión Permanente, sin perjuicio de su ejecución inmediata. Por otra parte, el CGPJ ha acordado suspender desde hoy y hasta el próximo 13 de abril las actividades programadas por el Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial. Estas actividades, consistentes en la celebración de una veintena de cursos de formación, implicaban el desplazamiento de miembros de la Carrera Judicial destinados en otros territorios hasta Madrid.
FUENTE DIARIO ABC: