“Basta de ajustar al que produce, que ajuste el Estado”. Esa consigna que el campo tratará de difundir desde hoy hasta el jueves, en el primer paro que le harán al
Gobierno de Alberto Fernández, da pistas sobre la esencia del reclamo, que tuvo como disparador la suba de las retenciones a la soja hasta el 33%, pero va más allá.
La medida de fuerza implicará un cese de comercialización de granos, a industrias o puertos, y de carnes para faena, en todo el país, desde las 0 de hoy hasta las 24 horas del jueves. Los organizadores aseguraron que “no habrá cortes de rutas ni se provocarán aumentos en los precios ni desabastecimiento”.
Mucha gente no entiende cómo se llegó a esta situación. La trama arrancó cuando el nuevo gobierno “actualizó” los derechos de exportación que había dejado Mauricio Macri (en el caso de la soja pasaron de 24,5 a 30% y el maíz y el trigo de 6,5 a 12%) y se guardó la carta, con respaldo legislativo, de aumentar un 3% más.
Cuando ello se concretó, el martes pasado, con un incremento solo para la soja y con compensaciones para pequeños y medianos productores, la Mesa de Enlace dejó abierto los canales de negociación. Habían caído bien los retoques en los derechos de exportación que favorecían a varias economías regionales y que a más de un 70% del total de quienes producen la oleaginosa les bajarían las retenciones efectivas, reintegros mediante, a niveles de entre un 22 y 30%.
¿Cuál es el problema, entonces? Muchos productores agropecuarios no le creen a un Gobierno del mismo signo político al que años atrás los persiguió y hostigó de múltiples maneras, y que tiene figuras de aquel tiempo en posiciones encumbradas.
No aceptan la idea de pagar primero y esperar a que después se les devuelva. “Si el gobierno entiende que nos tiene que compensar, por qué nos obliga a ser financistas del Estado”, dicen. Los más crédulos agregan: “En todo caso, es responsabilidad del Gobierno dar detalles que nos permitan creer que esas compensaciones no serán cajas políticas como ya ha pasado”. Ese es el germen de la disconformidad que brotó desde el interior y atravesó a todas las entidades de la Mesa de Enlace.
En la Federación Agraria fue difícil llegar a un consenso, porque ahí tienen mucho peso los chacareros que quedarían comprendidos en las compensaciones.
Así las cosas, el presidente Carlos Achetoni resolvió el viernes dar libertad de acción a cada afiliado para adherirse o no al paro. Entre los “autoconvocados”, un universo diverso que tiene lazos con la Mesa de Enlace pero se expresa con independencia, y a la velocidad de los tiempos de Whatsapp, aglutinaron voluntades el desdoblamiento cambiario, las altas tasas para el financiamiento, y hasta cuestiones político-culturales.
Pocos olvidan al conflicto del 2008, con la Resolución 125, que tuvo al actual presidente de la Nación como principal negociador del gobierno de Cristina Kirchner. Es cierto que Alberto rompió con los Kirchner después de esa batalla perdida, pero el rol de la actual vicepresidenta y las expresiones de sus seguidores (Oscar Parrilli, Juan Grabois, Pablo Moyano, entre otros) se toman desde el campo como provocadoras. Y exacerban el avispero.
Este déjà vú ruralista, la sensación de estar volviendo a ver una película conocida, ofrece similitudes llamativas. Las dos protestas se lanzaron casi exactamente a tres meses de comenzado un gobierno nacional. Y en ambos casos, el protagonismo de Alberto Fernández es insoslayable. Quien en aquel momento negociaba con el campo es la misma persona, pero ya no ocupa la jefatura de Gabinete, sino que es el Presidente. Aquella vez, Cristina Kirchner tomó el centro de la escena; ahora tiene un rol indudablemente esencial, pero sin aparecer en los primeros planos.
Vaticinar el desenlace de esto que recién empieza no es sencillo. La primera reacción de Alberto frente al anuncio del paro, al advertir que no volverán a negociar con el campo y utilizando una frase polarizadora, “ellos quieren ganar siempre”, ensanchó la grieta.
En ambos campamentos hay halcones y palomas, y los más hostiles sienten el gusto a la revancha por la 125. Pero los más conciliadores, más que pegar buscan que el otro se equivoque.
En ese marco, al especificarse la modalidad de la protesta quedó claro que prima el criterio de evitar mayores conflictos. Los dirigentes rurales aseguraron que del cese de comercialización “quedan exceptuados los productos perecederos”.
También destacaron que “dada la inminencia de estas medidas, pedimos que continúe el normal desarrollo de las actividades programadas con antelación tales como exposiciones, remates, etcétera”. Y concluyeron. “Con esta carga tributaria no podemos producir y, de persistir esta situación, el futuro de la familia agropecuaria se verá muy comprometido”.
Para el campo, y para el Gobierno también, el imaginario árbitro de la contienda es la sociedad argentina. Unos la piensan más como opinión pública y otros como caudal de votos. En el fondo es casi lo mismo. Creen que, tarde o temprano, ganar el favor popular es lo que definirá la puja en este caldo de cultivo con muchos condimentos.
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