Recién liberado de la jaula de cristal de su imponente estancia en el country Puerto Panal, en la que pasó los últimos tres meses luego de que la justicia lo sacara
de la cárcel de Ezeiza con una prisión domiciliaria, el ex ministro Julio De Vido pasó un jueves de furia: “Durante el kirchnerismo no hubo corrupción”, estalló en media docena de entrevistas. “Todo fue orquestado por el lawfare”, insistió. Y se sacó de encima la última mota de polvo: “ninguna imputación es creíble”.
Sin embargo, al desaforado diputado nacional le costará hacer coincidir esas flamígeras declaraciones con la realidad: sin contar la condena por administración fraudulenta en la manipulación de los subsidios ferroviarios que convirtieron al tren Sarmiento en una trampa mortal la mañana del 22 de febrero de 2012 en la estación de Once -cuya confirmación está en manos de la Cámara de Casación-, De Vido es protagonista de otros once expedientes por corrupción, en los que fue procesado por siete jueces distintos.
Sebastián Casanello también lo acusó por administración fraudulenta y cohecho en el caso Skanska, el primer gran escándalo de corrupción con la obra pública kirchnerista, que estalló en 2005. Recordemos: la firma sueca admitió haber pagado sobornos para alzarse con el contrato para la ampliación de gasoductos. Bajo una intensa presión política, la primera investigación judicial sobre el asunto terminó fulminada en 2011, pese a que los directivos de Skanska habían admitido los pagos ilegales. Luego de la reapertura del caso, De Vido fue procesado en octubre de 2017. La Cámára Federal confirmó la medida al año siguiente.
El affaire Skanska no amilanó al ministro, que luego de un puñado de años volvió a la carga con el proyecto para ampliar los gasoductos. Esta vez, la obra fue adjudicada a la constructora Odebrecht. Lo que es la mala suerte: de nuevo, el contrato quedó envuelto en una nube de coimas y negociados. En abril de 2018, el juez Daniel Rafecas lo procesó por negociaciones incompatibles con la función pública. La medida también fue confirmada, y el caso enviado a juicio oral en junio de 2019. Apostilla: Rafecas es el candidato de Alberto Fernández para la Procuración General de la Nación.
El juez Julián Ercolini investigó y procesó al arquitecto junto a su jefa Cristina Kirchner y su vecino Lázaro Báez por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz hacia las empresas que creó o compró Báez: básicamente todas las de la provincia. Luego de múltiples revisiones y ratificaciones, el caso ya está siendo juzgado en audiencias orales. En julio de 2016, Ercolini también procesó a De Vido por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, en un expediente que también fue confirmado y elevado a juicio.
El fallecido juez Claudio Bonadio tuvo bajo su lapicera al ex ministro en dos causas: los cuadernos de las coimas -acusado como organizador de la asociación ilícita que habrían dirigido Néstor y Cristina Kirchner- y el fraude a la administración pública con el reparto de los subsidios a las empresas de colectivos.
Los negociados con Odebrecht le valieron a De Vido otros dos procesamientos por parte de Casanello (obras de Aysa) y Marcelo Martínez de Giorgi (soterramiento del tren Sarmiento), quien también lo procesó por fraude al Estado con el plan de viviendas Sueños Compartidos. Luis Rodríguez lo procesó por corrupción en la mina de Río Turbio, y Sebastián Ramos por las picardías con el dinero público para financiar la novela “Mamá Corazón”, de Andrea del Boca.
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