Martín Guzmán fijó un calendario y lo quiere cumplir. Es una hoja de ruta, mojón por mojón, para avanzar hacia la renegociación de la deuda argentina, un proceso al que el
gobierno de Alberto Fernández dedica casi todos sus músculos.
Este viernes, en Casa Rosada, Guzmán y el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero convocaron para las 9 al gabinete económico que integran, además de Guzmán y Cafiero, la viceministra Cecilia Todesca, Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), Mercedes Marcó del Pont (AFIP) y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, entre otros.
La agenda tiene un capítulo prioritario: pulir el decreto con el cual el gobierno argentino formalizará cuánta deuda saldrá a renegociar. Según datos preliminares a los que accedió Clarín, rondaría los 68 mil millones de dólares. Ese monto no incluye la deuda con el FMI.
En total, hay casi 105 mil millones de dólares en manos de tenedores privados.
El domingo, ante el Congreso, Alberto Fernández detalló que solo en 2020, sumando capitales e intereses, el país debería hacer frente a pagos por más de 62 mil millones de dólares.
El texto se conocerá en las próximas horas y definirá cuánta deuda se pondrá sobre la mesa de negociación con los acreedores, confiaron fuentes oficiales a este diario. Guzmán estuvo todo el jueves abocado a esa tarea.
Con el monto, además de la dimensión de los pagos que tiene por delante el gobierno, Guzmán detallará qué títulos entran en la renegociación. A diferencia de 2003, que se venía de un default absoluto, ahora el gobierno puntualizará qué parte y cuánto de la deuda renegociará.
En paralelo, el Gobierno espera un informe del Banco Central que Pesce, el titular de la entidad, prometió presentar en diez días. Es un análisis contable para determinar si la toma de deuda durante la gestión de Mauricio Macri tuvo como destino el pago de deuda, tal la afirmación de los funcionarios de Cambiemos.
Fernández lo mencionó en su discurso al Congreso y esta semana Pesce confirmó que en menos de dos semanas estará terminada la radiografía sobre los ingresos y egresos, los pagos de deuda y, además, el renglón de “formación de activos” de argentinos en el exterior.
Traducción: si, como sostienen economistas y dirigentes políticos, parte de la deuda contraída en los últimos años tuvo como destino último la fuga de divisas.
El dato se vinculará, tarde o temprano, con el monto que el gobierno definirá como deuda a renegociar.
En despachos oficiales insisten, así como lo planteó Cristina Kirchner en Cuba, que de confirmarse que hubo una relación probada entre la deuda y la fuga de capitales, no se descarta poner sobre la mesa un pedido de quita con organismos multilaterales, en particular el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene un protocolo que prohíbe continuar con préstamos si se comprueba la fuga de capitales.
En Gobierno le escapan a la definición de “investigación de la deuda” pero en la práctica se trata de eso: Pesce analizará cómo fue el movimiento de fondos y si a partir de eso se puede determinar la existencia de un hipotético modus operandi destinado a la fuga.
Para Fernández, según lo que dijo en la apertura de Sesiones ante el Congreso, eso no se discute: “Todos hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda”.
En caso que el informe del Central anime esa tesis ¿habrá consecuencias judiciales o se trata, en esencia, de un elemento más para negociar con el FMI?
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