
Tras la aprobación exprés en Diputados, el proyecto que modifica las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos dio el primer paso en el Senado. El oficialismo le dio dictamen de
comisión a la iniciativa, que quedó lista para ser sancionada el jueves que viene en el recinto.
La oposición -que pidió modificaciones- emitió dictamen propio pero adelantó que acompañará la votación en general.
El debate se extendió por más de tres horas en el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsional Social, -presidida por Daniel Lovera- y Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Caserio.
Contó con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el Secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el Director del ANSES, Alejandro Vanoli, además de representantes de las asociaciones de magistrados, fiscales, servicio exterior y gremios.
El oficialismo emitió un dictamen de mayoría y Juntos por el Cambio, que pidió modificaciones, pidió tiempo para presentar uno de minoría.
“La dirección del proyecto es correcta, pero no se entiende por qué no esperamos y nos damos el trabajo para discutir algo tan importante que representa el 40% del gasto público”, afirmó el radical Martín Lousteau, quien planteó que se debería incluir a todos los regímenes especiales en la modificación e ir más a fondo.
“Fuimos prudentes porque es un régimen que tiene una tradición histórica muy fuerte”, le contestó el ministro Moroni.
El proyecto enviado por el Ejecutivo, que recibió modificaciones incluidas en la Cámara baja, incrementa del 12% al 18% los aportes adicionales de los jueces y establece el 82 % móvil sobre un promedio de los sueldos -actualizados- de los últimos diez años (120 remuneraciones), y no sobre el último haber.
Por otra parte, exige haber trabajado, como mínimo, 10 años de forma continua o 15 de manera discontinua, estipula el requisito de cesar efectivamente en la función para poder jubilarse y elimina el articulado que permite que magistrados y funcionarios jubilados puedan ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.
Además, extiende la edad jubilatoria para los varones a los 65 años, de manera progresiva, y mantiene en 60 años las de las mujeres.
“No planteamos una reforma agresiva, porque entendemos los regímenes diferenciales contemplados en la Constitución, pero planteamos que hagan un mayor esfuerzo contributivo, para que requiera menos aportes del sistema general”, defendió el texto Moroni.
A su turno, Goñi señaló que “el déficit de este sistema es de $ 9.200 millones” y que “con esta ley eso se podrá reducir un 40 % en el primer año y de aquí a 2040, en el caso de magistrados la reducción será del 72%”.
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