El oficialismo intentará mañana conseguir dictamen favorable para el proyecto de ley que limita el régimen de jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos, durante un
plenario de comisiones del Senado en el que la oposición condicionó el apoyo a la aceptación de cambios en algunos artículos.
Un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, que conducen Daniel Lovera y Carlos Caserio respectivamente, abordará mañana desde las 15 la discusión sobre las jubilaciones de privilegio con la meta puesta en llevarla al recinto una semana después.
El bloque del Frente de Todos, que conduce el formoseño José Mayans, no acompañaría los pedidos de cambios de la oposición ya que, en caso de hacerlo, la propuesta debería volver a ser tratada por la Cámara baja, que ya le dio media sanción la semana pasada, informaron fuentes parlamentarias.
El jefe de la bancada oficialista consideró que “los tiempos apremian” para la búsqueda de “soluciones al déficit que provoca el sistema previsional argentino” y advirtió que durante los gobiernos peronistas “esto no ocurría”.
Desde la oposición, el presidente del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, no descartó acompañar la iniciativa al señalar que aprueba el fin de los régimenes de excepción en Argentina pero aclaró que no se sometería “a ningún tipo de extorsión”.
En ese sentido, fuentes de la principal bancada opositora indicaron que podrían pedirse retoques a algunos artículos del texto aprobado por los diputados, y que estarían relacionados con que se mantengan los beneficios para aquellos miembros del Poder Judicial y del Servicio Exterior a los que ya se les otorgó la aceptación de la jubilación.
Durante el debate en la Cámara de Diputados, el bloque de Juntos por el Cambio, que comanda el radical Mario Negri, se retiró del recinto en medio de denuncias de irregularidades para la obtención del quórum y de críticas hacia el gobierno nacional por un supuesto intento “de avanzar sobre el Poder Judicial”.
Es que al conocerse los detalles de la iniciativa, hubo reclamos de las asociaciones que nuclean a los jueces y fiscales y amenazas de renuncias masivas por el cambio de los beneficios en las jubilaciones que les corresponden.
En ese marco, el Gobierno aceptó hoy la renuncia de cuatro jueces y una fiscal, mediante la publicación de sendos decretos publicados en el Boletín Oficial, que llevan la firma del presidente Alberto Fernández.
Se trata de los camaristas del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 2, Fernando Larraín; del Tribunal Oral en lo Penal Económico 2, Oscar Lemos; del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 18, Ricardo Rojas, y de la jueza federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias 3, Rita de la Ascensión Garese y de la fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Irma García Netto.
Las renuncias se conocieron en medio de tratamiento legislativo del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que recibió críticas de los magistrados porque consideran que tuvieron “poca participación” en la discusión del proyecto y adelantaron que podrían pedir la inconstitucionalidad de la norma si se aprueba.
Los magistrados insisten en que el proyecto de reforma de la ley 24.018 tiene una redacción ambigua en muchos apartados centrales.
La propuesta del Gobierno establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial que hoy es del 82 por ciento del último sueldo y que en el futuro se hará en base al promedio de los últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.
Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder en el caso de los hombres al beneficio jubilatorio, pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.
El texto aprobado por la Cámara de Diputados sostiene además que para acceder al régimen de privilegio deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.