El presidente Alberto Fernández anunció, en la apertura de la Asamblea Legislativa, que dentro de los próximos diez días presentará “un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo”.
“Una
ley que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando tomen la decisión de abortar”, sentenció.
En este sentido, remarcó: “En el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”. Y cuestionó: “La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva”.
También anunció el “plan de los mil días”, una iniciativa para dar asistencia por dos años a aquellas mujeres de bajos recursos que decidan dar a luz a sus hijos.
Durante su gira por Europa, el presidente Fernández confirmó su voluntad de impulsar un proyecto de ley para tratar de que el Congreso apruebe la despenalización del aborto y permitir así que cualquier interrupción del embarazo pueda llevarse a cabo en los centros de salud públicos.
“El problema de Argentina es que todo aborto es clandestino. Yo no vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer, que tal vez necesite practicar un aborto, no tiene las condiciones económicas necesarias para pagar ese tratamiento y termine en manos de un curandero, que la acaba lastimando y a veces matando”, dijo Fernández.
La iniciativa oficial la diseñaron de manera conjunta los ministerios de Salud, a cargo de Ginés Gonzáles García; el de Mujeres, Géneros y Diversidad, que conduce Elizabeth Gómez Alcorta, y el de Desarrollo Social que lidera Daniel Arroyo.
Desde las asociaciones feministas y otras agrupaciones a favor del aborto criticaron que el proyecto del Gobierno recoja la posibilidad de que los centros de salud privados y sus profesionales puedan justificar su negativa a practicar interrupciones del embarazo alegando objeción de conciencia.
Un reclamo social vigente
La demanda para despenalizar el aborto es uno de los reclamos sociales con mayor vigencia y ese fenónemo se confirmó con la masiva movilización que se realizó el pasado 19 de febrero frente al Congreso para reclamar los cambios en las leyes.
La despenalización del aborto se frustró cuando en agosto de 2018 el Senado rechazó un proyecto que logró media sanción en la Cámara de Diputados.
“Nos parece bien que el Ejecutivo presente un proyecto, pero ellos hablan de salud pública y nosotras hablamos del derecho de las mujeres. No penalizamos a las mujeres sino a quienes obstaculizan el acceso. Nuestro proyecto no habla de objeción de conciencia y jamás aceptaremos la objeción de conciencia institucional. El acceso debe ser en centros públicos y privados“, opinó Nina Brugo, una de las fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.
La masiva movilización frente al Palacio Legislativo la protagonizaron miles de personas y fundamentalmente militantes de agrupaciones de toda índole, desde grupos feministas, pasando por sindicatos médicos, docentes y estudiantiles.
“Educación sexual para decidir”, “Anticonceptivos para no abortar” o “Aborto legal para no morir” fueron algunas de las consignas que más se han escuchado en aquella marcha, no sólo a las puertas del Congreso, sino también en otras ciudades argentinas.
“El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo es el resultado del consenso de cientos de organizaciones feministas junto a organizaciones políticas, sociales, sindicales, artísticas, académicas y de Derechos Humanos”, indicó la organización detrás de estas movilizaciones.
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