Si bien el Gobierno viene fracasando en las licitaciones para renovar los vencimientos de bonos en pesos, también le está dando una señal clara a los mercados sobre los deseos del
ministro Martín Guzmán en materia de quita para los ahorristas que optaron por comprar títulos en moneda nacional y con legislación local.
La historia comenzó con el“reperfilamiento” que decidió Economía para el bono conocido como AF20 que se reprogramó ante el temor de las autoridades de que el mercado no aceptase otros títulos a cambio y, por tanto, debiese emitir cerca de $100.000 millones.
A eso le siguieron llamados a nuevas licitaciones para ofrecer letras y bonos que no lograron grandes adhesiones de los bonistas por el simple hecho de que resultaban caros.
Como promedio, el Gobierno ofrece títulos que cuestan 109 cuando en el mercado, al día siguiente, esos títulos cotizan a 76, lo que en la práctica implicaría una quita superior al 30%.
El mensaje no escrito para el mercado, por ende, sería “tome los nuevos bonos y acepte una quita de 30% ahora o vaya a la cola para esperar la reprogramación de la totalidad de la deuda”.
El resultado agranda la incertidumbre ante la falta de una brújula que el Gobierno considera parte de la estrategia negociadora. En varias oportunidades el presidenteAlberto Fernández dijo que tiene plan pero que no lo dará conocer porque sería desproteger la estrategia de negociación de la deuda.
Hasta ahora el Gobierno habló mucho sobre que el resultado de esa negociación debe ser la “sostenibilidad”, pero no llegó a ponerle números.
En el intento de separar la paja del trigo, el economista Carlos Melconian definió en una reunión reciente con banqueros y bonistas lo que, a su entender, es el corazón de la negociación.
En forma esquemática, Melconian sostiene que la deuda “real” ronda los US$200.000 millones, de los cuales US$70.000 millones involucran al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Club de París y al resto de los organismos internacionales.
Históricamente esos compromisos son renegociables y la quita, en especial con el FMI, podría venir por el tan meneado alargamiento de plazo para el pago de los vencimientos de 2022 y 2023 que suman los sensibles e “impagables” US$44.500 millones.
Los US$130.000 millones restantes están divididos en partes iguales entre los vencimientos de bonos con legislación local y extranjera.
Para los aproximadamente US$65.000 millones de bonos en pesos y dólares de legislación local, el Gobierno estaría pensando en la reprogramación que, a contar con el tratamiento que le está dando a la deuda en pesos, podría aplicarle quitas de 30% o más, en lo que sería un cambio sensible respecto al inicio de las negociaciones cuando, de despachos cercanos a los de Guzmán, se había dejado trascender que la deuda en pesos no sería reperfilada.
El corazón de la negociación estaría, por tanto, en los aproximadamente US$60.000 millones restantes que son bonos nominados en dólares y con legislación extranjera.
O sea, si caen en default hay que ir a discutir a Nueva York, con todo lo que eso implica en el tratamiento de la deuda de un país como la Argentina con antecedentes frondosos en materia de cesación de pagos.
Hay US$20.000 millones de los US$60.000 que corresponden a bonos Par y Discount (no tienen cláusula de acción colectiva, por lo que no es necesario juntar acreedores para aceptar una reprogramación y van directo a juicio, un festival para fondos buitre) que quedarían fuera de cualquier negociación y eso es aceptado por el Gobierno y los bonistas.
De modo que el problema núcleo está circunscripto en US$40.000 millones por los que la Argentina debería pagar unos US$4.000 millones anuales. ¿Tiene la plata? No, y ahí se llega al punto neurálgico.
El Gobierno dice que conseguirá dólares para pagar la deuda aumentando las exportaciones.
El Banco Central les compra dólares a los exportadores y después de pagar las importaciones y demás compromisos le quedarían US$1.000 millones para repartir entre los bonistas.
La clave de la negociación, entonces, estaría en qué nivel de tasas y qué prolongación de plazos serán necesarios para llegar a un acuerdo. Y que eso redunde en que la Argentina pueda volver a conseguir crédito en el mercado internacional a una tasa razonable para dejar atrás el estancamiento de los últimos ocho años.
Bonistas calificados dicen estar convencidos de que la Argentina no irá, otra vez, al defaulty apuestan a que, después de la negociación, los bonos argentinos ofrezcan 12% anual en dólares. El Gobierno busca que esa tasa no supere el 8%. Las distancias todavía son enormes y, aunque resulte una obviedad, el tiempo pasa.
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