Pasaron diez meses desde que una comisión bilateral especialmente formada en el Congreso nominó en forma unánime a la abogada Marisa Graham como Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, un cargo creado
por ley en 2005 y vacante desde entonces. Dos meses después Diputados avaló el nombramiento, que luego se trabó por amparos presentados por grupos religiosos y “pro vida” que no quieren a Graham porque apoya la legalización del aborto. A su vez, la abogada cuenta con el apoyo de UNICEF y numerosos organismos de derechos humanos y niñez. Este viernes el Senado define la situación.
La Defensoría fue creada por la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2005, pero nunca se había tratado su designación hasta que en 2017, a instancias de la coalición INFANCIA EN DEUDA y otras organizaciones de la sociedad civil interpusieron un amparo con sentencia favorable.
El Congreso formó una comisión bicameral de cinco senadoras y cinco diputadas. Se lanzó un concurso público con cuatro etapas de evaluación que se extendió durante dos años y terminó en 2018 con 14 postulantes finalistas.
El 25 de abril de 2019, cumplidas todas las etapas del concurso, la bicameral integrada por las diputadas Samanta Acerenza (Pro), Carla Carrizo (Evolución radical), Soledad Carrizo (UCR/Cambiemos), Verónica Mercado (FpV) y María Florencia Peñaloza Marianetti (Somos SAN JUAN); y las senadoras Gladys González (Frente Pro), Pamela Verasay (UCR/Cambiemos), Norma Durango (Partido Justicialista La Pampa), Sigrid Kunath (Justicialista) y Anabel Fernández Sagasti (FpV) nominó en forma unánime a Marisa Graham para el cargo de Defensora y a Juan Facundo Hernández y Fabián Repetto como defensores adjuntos.
El 26 de junio la cámara de Diputados avaló los nombramientos de Graham, Hernández y Repetto. Quedó pendiente la ratificación de las designaciones por parte del Senado. Entonces comenzaron las trabas. La oposición más férrea para que Graham no se convierta en la Defensora proviene de los grupos religiosos y “celestes”, que han interpuesto amparos para frenar la designación.
Dos semanas atrás, el presidente Alberto Fernández había incluido el tema en extraordinarias, y llegó a tener fecha para su tratamiento, pero sorpresivamente se levantó del temario. Ahora el Senado anuncia que este viernes desde las 14 se debatirá el tema en el recinto. Todo indica que Graham finalmente será nombrada.
Grupos celestes anunciaron que irán al Congreso a repudiar la designación de la abogada especialista en niñez.
“La gravedad de la crisis económica y social, con especial impacto en la niñez y en la adolescencia, pone en evidencia la necesidad ineludible de contar con una Defensoría nacional que exija las políticas públicas destinadas a la infancia, y asegure el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia en condiciones de igualdad -decía una solicitada reciente firmada por INFANCIA EN DEUDA y numerosos organismos de derechos humanos-. Casos como los fallecimientos recientes en la Provincia de Salta son ejemplos que muestran con crudeza el tipo de desafíos que debería poder estar enfrentando una Defensora designada. Cada día de incumplimiento profundiza aún más la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país: es hora de saldar esta deuda histórica con la infancia”.
“En un contexto donde la pobreza afecta a más del 50% de la niñez y aparecen problemáticas complejas como la malnutrición y la inseguridad alimentaria, donde más de un millón de niñas y niños están excluidos del sistema de protección de ingresos, la Defensoría vendría a aportar un rol clave para el cumplimiento de derechos. Sin ir más lejos, en estos meses se dieron a conocer casos extremos de malnutrición de niños y niñas de las comunidades indígenas del norte del país. Estas situaciones, en las que se ven comprometidos derechos básicos de los chicos y las chicas, son algunos de los desafíos que deberá enfrentar la defensora designada”, le dijo a Clarín días atrás Luisa Brumana, Representante de UNICEF Argentina .
Brumana opinó que los legisladores “están frente a la oportunidad histórica de completar el sistema de protección de derechos del país. La Defensoría Nacional es un órgano de control necesario, que contribuirá al cumplimiento de las múltiples vulneraciones de derechos que afectan a la niñez”.
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