El ministro de Economía, Martín Guzmán, cerró este miércoles su gira por Estados Unidos en silencio y sin brindar nuevas pistas de la oferta que el Gobierno prepara para los bonistas.
Guzmán había arribado a este país el lunes desde Arabia Saudita, donde se había reunido con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, y otros funcionarios europeos, todos encuentros destinados a resolver el acuciante tema de la deuda.
Apenas bajó del avión en Washington, el ministro fue a la sede del FMI en la calle 19 para reunirse con la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el jefe de misión para la Argentina, Luis Cubeddu, con quienes conversaron sobre la sostenibilidad de la deuda y prosiguieron las negociaciones sobre el préstamo de 57.000 millones de dólares (44.000 entregados) que el organismo otorgó a nuestro país durante la presidencia de Mauricio Macri y que ahora no está en condiciones de pagar, según reconoció el propio Fondo.
Guzmán dijo que este era un “momento crítico”, a poco de hacer una oferta a los bonistas privados. Luego se trasladó a Nueva York y allí el hermetismo oficial fue total, aunque trascendió que finalmente el ministro no habría tomado contacto con los principales bonistas, pero sí con entidades asesoras necesarias para la colocación de deuda, algo que necesita cerrar con cierta urgencia si se quiere cumplir el ajustado plazo del 31 de marzo que estableció el presidente Alberto Fernández.
Antes de tomar el avión de regreso a la Argentina, Guzmán se reunió con su mentor, el economista Premio Nobel Joseph Stiglitz, quien sigue muy de cerca la crisis de la deuda de nuestro país.
El presidente Fernández busca estirar los vencimientos hasta 2023 para que la economía pueda crecer, y recién después pagar. Los bonistas quieren que el Gobierno renegocie primero su acuerdo con el Fondo, para que el organismo otorgue parámetros y metas claras para que los privados puedan reperfilar luego y asegurarse cobrar en el futuro. Pero esta secuencia ya se da por descartada en Washington.
La Argentina no puede cerrar un acuerdo primero con el Fondo porque no dan los tiempos, ni la burocracia del organismo, y porque el FMI busca que los acreedores privados hagan en primera instancia una “contribución apreciable” para aliviar el tema de la deuda. La entidad presidida por Georgieva no tiene demasiado apuro porque los vencimientos del préstamo comienzan recién en 2021. Pueden renegociar un stand by o un crédito de facilidades extendidas más adelante.
Por eso el FMI, en sintonía con el Gobierno, ha brindado estos días gestos que se consideran más bien “políticos” para que los bonistas acepten ahora una quita sustantiva: la declaración de no sustentabilidad de la deuda y la mención al Artículo IV. Esto último significa que el organismo enviará próximamente una misión a la Argentina que analizará en detalle los números de la economía, algo que, si bien es un procedimiento que el Fondo hace en todos los países miembros, dará credibilidad a cualquier oferta del Gobierno.
Los bonistas parecen estar resignados a aceptar una quita que Guzmán les ofrezca, pero no a cualquier precio. Además, quieren precisiones sobre metas fiscales. Se calcula que el Gobierno les ofrecería un recorte de un 30% (15% de capital más el valor equivalente a 3 años de prórroga de vencimientos), pero aún no hay definiciones. El tiempo apremia y las negociaciones continuarán en Buenos Aires.
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