El decreto está redactado y a la firma de Alberto Fernández que lo anunciará en su discurso al Congreso el próximo domingo: los 44 tripulantes del ARA San Juan, submarino siniestrado
el 15 de noviembre de 2017, serán ascendidos en sus rangos militares.
El ministro de Defensa Agustín Rossi se lo anticipó a los familiares de las víctimas que, según fuentes oficiales, expresaron su conformidad con la medida. Fernández lo incluyó entre los temas que mencionará en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
De acuerdo al protocolo, los 44 tripulantes fallecidos serán ascendidos al grado inmediatamente superior.
Es una decisión política pero se basa en una soporte jurídico: la Justicia, tras un trámite iniciado por la familia, resolvió que el cabo principal Hugo Dante César Aramayo, uno de los tripulantes del ARA San Juan falleció el 15 de noviembre del 2017, el dia que se hundió el submarino.
Otras familias iniciaron el mismo proceso. Ante esa resolución, el Estado puede ordenar el ascenso post mortem de los tripulantes. Eso es lo que anunciará Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa, según confiaron fuentes del gobierno a Clarín.
El presidente lo incluyó en su discurso ante el Congreso como parte de una una actitud oficial frente al hundimiento del submarino ocurrido a fines del 2017, en la mitad de mandato de Mauricio Macri, y que estuvo rodeado de dudas y sospechas.
En particular, en lo referido a la información sobre el hecho y a la demora en ordenar la búsqueda.
Fernández repasará las distintas áreas de gobierno, incluirá anuncios y medidas, con el envío de leyes y decisiones políticas como la de ascender, a modo de reconocimiento post mortem, a los 44 tripulantes del ARA San Juan
En paralelo, a fines de enero, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez dictó el procesamiento a seis altos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino y rechazó investigar al ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, en la causa por el hundimiento del submarino.
Esa posición fue acompañada, en términos informales, por la Casa Rosada respecto a la responsabilidad política del ex ministro y del ex presidente en la tragedia que le costó la vida a 44 personas.
En el escrito de 619 páginas, fechado el 31 de enero, Yáñez se centró en los mandos militares y les imputó el delito de “estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de idea” a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.
La jueza había sido recusada por algunos familiares pero fue ratificada en la investigación por la cámara de alzada.
A poco de asumir, Rossi se enfocó en la causa del Ara San Juan pero en la investigación interna para determinar responsabilidad operativas dentro de la fuerza.
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