La película de las retenciones al campo, que comenzó en diciembre pasado, va entrando en el nudo de la trama. Sucede luego de muchas escenas que no terminaban de desatar la
confrontación de los protagonistas, el conflicto, dicho en términos de relato fílmico. El 3% adicional de derechos de exportación a los granos, sería el disparador que tensaría la relación entre el oficialismo y los ruralistas.
La medida se aprobó por Ley en el Congreso 10 días después de que asumiera el nuevo Gobierno y nadie entendía muy bien por qué no se aplicaba. Quedó en la categoría de posibilidad amenazante desde el Estado, mientras desde el sector privado en pugna se mostraban los dientes con tractorazos y asambleas al costado de las rutas. Mientras tanto, todos se cuidaban de no tensar la cuerda más de la cuenta.
Ahora, habría llegado el momentum de tensión. Si bien todavía no lo confirmaron oficialmente desde la Casa Rosada, donde se deciden estas cosas, por propuestas que llegan desde Economía y dejan al ministerio de Agricultura como un actor de reparto, en los próximos días se comunicaría la efectivización del 3%. Aún no se sabe si sería sólo para la soja (se elevaría del 30 al 33%) o también para los demás granos (pasarían del 12 al 15%).
Se cree que el Presidente podría mencionarlo aunque sea soslayadamente en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el domingo próximo, para la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. También, el tema se “discutirá” en la reunión que mantendría el ministro Luis Basterra, en principio el jueves, con la Mesa de Enlace.
Pero, más allá de los momentos y las formas, la dilatada implementación del 3% adicional es una moneda de cambio que el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, se guardó para los momentos definitorios de su negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dicho de otro modo, sería una carta clave en el juego de póker que dijo estar jugando el presidente Alberto Fernández para desactivar la bomba de la deuda pública argentina.
En los pasillos de Economía se filtró que fue Guzmán quien frenó el aumento de presión al campo desde diciembre, porque consideró que todavía no era oportuno. Pero ahora, una vez “encaminada” la negociación con el organismo de crédito multilateral, que tuvo el gesto de avalar la quita propuesta por el Gobierno, la suba adicional de derechos de exportación sería una ofrenda del Estado argentino para mostrar recursos a disposición, apuntar a un mejor equilibrio fiscal y, sobre todo, convencer a los bonistas privados que hay dinero para pagarles.
Una vez más, el campo se constituye así como la más genuina fuente de divisas para mostrar sustentabilidad económica argentina ante “el mundo”, incluyendo en ese universo al FMI, los mercados globales, acreedores e inversores.
Las próximas horas, en pleno feriado de carnaval, irán develando cómo se posicionan los distintos actores de la agroindustria frente a esta posibilidad. Ya surgieron las primeras expresiones de descontento, desde las bases más combativas que piden un inmediato cese de comercialización, hasta los que hasta ahora buscaban evitar la confrontación, como la Federación Agraria Argentina y Coninagro, cuyos presidentes Carlos Achetoni y Carlos Iannizzotto, dijeron que un aumento adicional de las retenciones al campo “caería muy mal en el sector”.
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