Pese a la insistencia de sus amigos que le recomiendan modelos más modernos y livianos, Alberto Fernández se resiste a cambiar una vieja laptop a la que se
aferra ante eventos especiales. Para alguien que se jacta de ser “analógico”, el argumento es simple: allí tiene todo lo que necesita para trabajar, su mail y un procesador de texto que en los últimos días estuvo más activo que lo habitual. Es que el Presidente avanza en el armado de su discurso para el 1° de marzo, por la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: la renegociación de la deuda, la legalización del aborto y la reforma judicial serán ejes excluyentes de un mensaje que volverá a tener un tono “antigrieta”, según confirmaron a Clarín desde el entorno presidencial.
En rigor, con su impronta de profesor universitario, Fernández primero hace anotaciones de puño y letra; y luego, con el concepto ya elaborado, se sienta ante su computadora y transcribe.
El jueves pasado, el despacho del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue sede de una reunión por el tema. El ministro coordinador recibe informes de cada ministerio y luego prepara su propia devolución para el Presidente.
Cafiero es parte de un acotado grupo de colaboradores que tiene influencia en el discurso que prepara Fernández. En esa lista, que integran la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y el jefe de asesores, Juan Manuel Olmos; sobresale el secretario de Asuntos Estratégico, Gustavo Beliz; cuya relevancia dentro del gobierno albertista es inversamente proporcional a su nivel de exposición pública. El “tapado” que aporta al discurso presidencial es el antropólogo Alejandro Grimson, integrante del Consejo de Asesores, que se ganó la atención del mandatario en los últimos tiempos.
Aunque en el entorno presidencial dicen que hasta último momento “puede cambiar” y que “seguro habrá alguna sorpresa”, algunos ejes ya tomaron forma.
El capítulo de la deuda será uno de los puntos principales en materia económica. El Presidente aprovechará el guiño que recibió del FMI para reivindicar la posición del Gobierno frente a la renegociación con el organismo y con los bonistas privados. Sin espíritu de confrontación ni revancha, aclaran cerca suyo, se encargará de expresar con firmeza la delicada situación económica que -considera- dejó la gestión macrista. Alberto F. recurriría a ejemplos emblemáticos que encontró su equipo en estos meses para resumir esa herencia.
En ese sentido, en Casa Rosada vislumbran que el tono del discurso no será combativo, sino conciliador, “parecido al del 10 de diciembre”, y del mismo modo esperan una recepción respetuosa de los legisladores. “Igual también depende de la oposición: no es lo mismo Fernando Iglesias que el grupo de (Emilio) Monzó y (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta”, diferencian.
Con lo que se prevé será una multitudinaria movilización del PJ frente al Congreso, Alberto F. se ocupará de reforzar también su mensaje “antigrieta” y la idea de convocar a la unidad de todos los argentinos, una línea discursiva que se encargó de alimentar en los últimos días, con apariciones públicas con dirigentes opositores como Roberto Lavagna y Ricardo Alfonsín.
Otro de los temas que abordará Alberto F. es el de las jubilaciones. Insistirá en que en una situación de emergencia económica, su preocupación fue ayudar a los que menos tienen; y que recompensará al resto cuando se salga de la crisis.
En su intento de marcar la agenda parlamentaria, el jefe de Estado instará al Congreso a debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, luego de designar a los miembros de la comisión que tiene la tarea de redactar antes de junio un nuevo proyecto que reemplace al viejo régimen que el Presidente calificó de “impagable”.
La eliminación de las jubilaciones de “privilegio” de los jueces, que se aprobaría este jueves en Diputados, formará parte del capítulo dedicado a la reforma judicial que Alberto F. trabajó con la ministra de Justicia, Marcela Losardo; y el propio Beliz. La idea es ampliar la jurisdicción de otros fueros, para licuar el poder de Comodoro Py, y acelerar la puesta en marcha del sistema acusatorio, en el que el fiscal lleva la instrucción de la causa y el juez se convierte en un mero garante del proceso.
También habrá una mención destacada al inminente envío de dos proyectos vinculados al debate por el aborto, en los que trabajan los ministros Ginés González García (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social): uno que prevé la legalización de la interrupción del embarazo; y otro de maternidad sustentable, denominado “Plan de los 1000 días”, con el que se garantizará asistencia por dos años a mujeres que en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica decidan continuar con su embarazo. En el Gobierno creen que servirá para reafirmar que se trata de un debate sobre salud pública y moderar las críticas de la Iglesia.
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