Los homicidios se dispararon en Ceará hasta el escalofriante número de 51 asesinatos en 48 horas, más de uno por hora, según datos oficiales, mientras parte de la Policía Militar de
ese estado del pobre nordeste de Brasil permanece amotinada en reclamo de un aumento salarial y otras reivindicaciones laborales. Por Guido Nejamkis
La protesta de la Policía Militar de Ceará tuvo impacto nacional: imágenes de TV mostraron a uniformados amotinados protestando vestidos de civil y con la cara tapada, exhibiendo fusiles y secuestrando patrullas de sus propios batallones, que abandonaban poco después con neumáticos pinchados en distintas calles y avenidas de ciudades del distrito, como Sobral.
En esa ciudad un senador fue baleado por un grupo de policías cuando intentó despejar con una topadora un área tomada por los agentes de seguridad.
Ese panorama llevó al gobierno del presidente Jair Bolsonaro a enviar soldados del Ejército para patrullar calles de distintas ciudades del estado, en el que el promedio de homicidios a lo largo del 2019 era de seis por día.
La secretaría de Seguridad de Ceará informó que el número de muertes violentas saltó a 51 entre las 6 de la mañana del miércoles y las 6 de la mañana del viernes.
Varias ciudades del estado, como Paracuru, Milagres, Paraipaba, Forquilha y Canindé, todas del interior cearense, cancelaron las previstas celebraciones del carnaval alegando preocupaciones con la seguridad de habitantes y turistas.
Vehículos de la policía permanecen fuera de servicio, durante el segundo día de huelga policial este jueves en la ciudad de Fortaleza, en el estado Ceará (Brasil)./EFE
En el cuarto de día del motín policial, tropas del Ejército Brasileño patrullaban calles de la capital estadual, Fortaleza, y de su área metropolitana, donde viven más de cuatro millones de personas. Los soldados llegaron tras un dramático pedido del gobernador cearense, Camilo Santana, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que Bolsonaro atendió.
“Esto es cosa de responsabilidad, cosa seria. Si estamos en una guerra urbana, tenemos que mandar gente para allá para resolver ese problema”, dijo Bolsonaro. Los soldados fueron movilizados desde distintos cuarteles de la Región Nordeste.
Parte de los policías de Ceará participaron del motín iniciado en la noche del martes bloqueando y cerrando el acceso a batallones y paralizando patrullajes y acciones de vigilancia, lo que disparó el número de asaltos violentos y, consecuentemente, de asesinatos.
Agentes de la policía, encapuchados, protestan este jueves durante el segundo día de huelga en el estado norteño de Ceará, en Brasil. /EFE
Los policías amotinados exigen un salario mínimo de 4.500 reales (1.022 dólares) por mes desde este año, mientras que el gobierno de Ceará propone aumentos escalonados hasta alcanzar esa cifra en el 2022, desde los actuales 3.200 reales.
Unos 300 policías del estado fueron identificados cometiendo actos de indisciplina durante el motín, lo que llevó al gobierno estadual a afirmar que no negociaría una amnistía para esos uniformados.
El gobierno de Ceará, también, abrió una investigación contra los policías amotinados, y tres agentes fueron detenidos por actos de vandalismo. También fueron abiertos procesos judiciales contra esposas de los amotinados.
Las leyes brasileñas prohíben a la Policía Militar hacer huelgas, una veda que alcanza también a otros cuerpos de seguridad, como bomberos y agentes penitenciarios.
Jueces de la corte suprema de Brasil criticaron la huelga policial y recordaron su inconstitucionalidad, al tiempo que defendieron “consecuencias judiciales graves” para los amotinados.
El viernes, reportes de medios locales indicaron nuevos ataques de policías encapuchados contra instalaciones de la propia fuerza de seguridad en la ciudad de Sobral, situada a 280 kilómetros al oeste de Fortaleza.
Brasilia, corresponsal
fuente clarin