Un laberinto de demoras administrativas, una obra social en crisis y trabas en clínicas privadas dejaron a Alejandro Chessari (41), un funcionario judicial que tuvo un accidente cardíaco en las vacaciones,
sin la posibilidad de un tratamiento y con riesgo de muerte. El hombre estaba de descanso en Mar de las Pampas y sufrió un cuadro de muerte súbita. La rápida acción de un familiar permitió reanimarlo, pero tuvo secuelas neurológicas y hace más de un mes que está en terapia.
Los médicos que lo atendieron estos 40 días recomendaron derivarlo al Instituto Fleni, pero Chessari tiene IOMA como obra social y no obtiene cama en ese centro de salud especializado. Después de intensas gestiones y peleas burocráticas su familia recurrió a la Justicia. Este miércoles, el juez de Familia Nro 9 de Lomas de Zamora, Esteban Félix García Martínez, ordenó a IOMA que “en un plazo de 24 horas” traslade al paciente al ese centro de salud “por resultar acorde a su patología, estado de salud y nivel de complejidad que precisa para su recuperación neurológica y motriz”.
La decisión llegó después de una pelea intensa, desesperada, del entorno familiar. Y, según explicaron, cuando era cierto el riesgo a una infección que sería irreversible.
Chessari es abogado graduado en la UBA, Tiene dos posgrados en derecho y a los 18 años ingresó como meritorio en un Tribunal de Familia de Lomas de Zamora.
Alejandro Chessari (41) tuvo un accidente cardíaco en vacaciones.
Allí comenzó su vínculo con el Poder Judicial y también con el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) que es la protección sanitaria que están obligados a tener todos los empleados públicos de Buenos Aires. Incluye judiciales, policías, maestros y administrativos. Más de 700 mil afiliados “cautivos”. Con los grupos familiares y los asociados “voluntarios”, la cobertura alcanza más de 2,2 millones de bonaerenses.
Chessari fue con su esposa Clara y su suegro a la costa bonaerense para proyectar -libre de las tensiones diarias- lo que sería el epílogo de su carrera: había obtenido el mejor puntaje y estaba ternado para ser designado juez en el tribunal en el que hace 23 años había pisado el escalón más bajo. El 8 de enero, a las 4.30, su compañera se despertó y vio que Alejandro estaba tieso, inmóvil en la cama, con los ojos abiertos y la mirada perdida.
Era un ataque conocido como “muerte súbita” y después -se supo- un infarto. El padre de Clara, que es médico, lo asistió con la práctica de RCP hasta que llegó la ambulancia. Lo atendieron en el hospital de Villa Gesell, lograron estabilizado y lo trasladaron a la Clínica Monte Grande.
Marcela Pereyra (65), madre del paciente, le contó a Clarín que “el episodio le generó encefalopatía hipóxica isquémica aguda. Por eso, hoy Ale salió del cuadro agudo pero está postrado en terapia intensiva, en estado de mínima conciencia, vigilia, aunque sin respuesta a órdenes. Respira con una traqueotomía y está alimentado por sonda nasogástrica”. Un cuadro severo que, según recomendó el médico de Monte Grande, Adrián Núñez, requería de la derivación al Fleni.
Es en este punto donde se agregaron otras dificultades para el entorno de Chessari. De acuerdo con el testimonio de Pereyra, “cuando pedimos turno en ese instituto de Escobar nos dijeron que ingresaríamos en una lista de espera de varios meses“. Pero la mujer denunció que volvieron a llamar, haciéndose pasar por asociados a una prepaga y le dieron cama en 48 horas. “Está claro que nos discriminaron por ser afiliados a IOMA”, dijo Pereyra.
La obra social provincial está en situación crítica. Según admitieron las actuales autoridades le deben 8.000 millones de pesos a las prestadoras. Entre ellas, clínicas e instituciones especializadas como el Fleni. Pero aseguran que se trata de una situación “heredada”. En la entidad bonaerense sostuvieron que “en 2019 hubo un déficit operativo de 3.500 millones de pesos. Y que el Tesoro provincial no les giró 5.000 millones de montos retenidos a los empleados públicos.
Hay otras complicaciones para los que tienen carnet de IOMA. A fines del año pasado, en La Plata se interrumpió la prestación de todos los servicios médicos. Fue porque los profesionales, a través de la Agremiación Médica (AMP) pidieron un aumento y como IOMA se los negó, autorizaron el cobro de un “adicional” sobre el bono de consulta en forma irregular. La AMP es la que administra el convenio con IOMA y la gestión anterior amenazó con suspender el vínculo. Las nuevas autoridades retomaron el contrato y permitieron que se cobre el adicional a los casi 300 mil afiliados de la capital provincial.
Sobre el caso Chessari, en IOMA dijeron que “sus familiares aceptaron realizar el tratamiento en un centro alternativo, una clínica de San Miguel, hasta tanto el Fleni les consiga una cama”. Y reconoció una deuda con ese centro de atención. “No obstante, el establecimiento no puede negarse a recibir un paciente de IOMA porque tiene un convenio que lo obliga”, explicaron.
“Lo concreto es que la obra social a la que mi hijo aportó más de dos décadas no puede ofrecerle el servicio de rehabilitación que necesita. Alejandro quedó atrapado en esta madeja y su salud corre peligro ”, dijo la madre del funcionario judicial.
Este jueves a la tarde, la familia estaba a la espera de que concretara el dictamen del juez García Martínez. Si se demora en cumplir, el presidente del IOMA, Homero Giles, debería pagar como multa “100 mil pesos por día” por el incumplimiento. Y podría derivar en una causa penal por desobediencia.
La Plata. Corresponsalía.
DD
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