El Gobierno anunció que revisará los acuerdos con los arrepentidos: “Haremos una profunda auditoría”

con arrepentidos que se establecieron bajo la anterior administración. 

“Ahora, luego de la firma del DNU, el programa va a entrar en un período de revisión donde obviamente se va a investigar y se van a tomar las medidas que correspondan respecto a cualquier falta administrativa o violación a la ley penal”, adelantó el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.

En declaraciones a radio El Destape, el funcionario nacional reiteró que el objetivo es hacer una “profunda auditoría sobre el funcionamiento del programa” y advirtió que “eventualmente cualquier responsabilidad administrativa o penal será inmediatamente denunciada”.

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“Así como informan las noticias periodísticas, es absolutamente ilegal todo lo que se hizo respecto de ese caso”, agregó en alusión a la información que se conoció con la filtración del acuerdo con el que Alejandro Paul Vandenbroele se convirtió en arrepentido en la causa por la venta de la exCiccone, por la que se encuentra detenido el exvicepresidente Amado Boudou.

El viceministro de Justicia cuestionó los términos con los que se habría definido el convenio con Vandenbroele: “El programa prevé una serie de medidas para que el Estado pueda garantizar la seguridad de los testigos que se incorporan al programa y dentro de esas medidas está incluida la asistencia económica. Ahora, de ninguna manera, no se ha visto nunca, que las medidas tengan que ver con instalar un hotel, una posada a la persona protegida”.

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“Por lo que se informa, parecería que fue una agencia de inversión en vez de un programa de protección“, ironizó.  

Mena evaluó que “lo que se hizo en los últimos años fue escandaloso” y remarcó que así lo demuestran “estas medidas que estamos conociendo ahora”.

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“En principio, con el escaso que tenemos respecto de la cuestión ahora, lo que se ve es un funcionamiento absolutamente irregular e ilegal. O sea, en flagrante violación de la ley de protección de testigos tal como lo han manejado en los últimos años”, reiteró.

Y apuntó a los ex ministros de Justicia y Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, respectivamente, ya que “los testigos decían que se entrevistaban con ellos“, lo que está establecido en la reglamentación que no se puede hacer.