En el marco del paquete de medidas que trazó el Gobierno para depurar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la interventora Cristina Caamaño puso en marcha el plan para auditar el
uso de los fondos del organismo, por lo que desde ahora los gastos de los espías deberán ajustarse sin excepción al régimen de compras y contrataciones del Estado nacional.
En rigor, desde la nueva conducción política de la AFI sostienen que en los hechos ya se venía cumpliendo, ahora el organismo tendrá un auditor externo que tendrá el trabajo de controlar los gastos y el cumplimiento de los procedimientos. Se trata del abogado salteño Leonardo Geralah Llaya, quien fue elegido por el titular de la Sindicatura General de la Nación, Carlos Montero, para estar al frente de la Auditoría Interna de la Agencia Federal de Inteligencia. Es un desembarco emblemático: es la primera vez que la AFI tiene un representante de la Sindicatura controlando, desde adentro, sus gastos y procesos.
Desde este miércoles pasado, cuando se hizo efectivo su nombramiento en el Boletín Oficial, Llaya se presentó ante la interventora Cristina Caamaño y comenzó a trabajar en el proyecto para adecuar los reglamentos internos de la AFI a los que rigen para toda la Administración Pública Nacional.
Es que en la AFI -antes SIDE- y en casi todas las gestiones, los espías supieron esquivar la normativa que rige para los ministerios y organismos del Estado, que deben cumplir con ciertos procedimientos para adquirir bienes y servicios. Así lo establecen la Ley de Administración Financiera y las leyes y decretos que la complementan, con el objetivo de garantizar la transparencia de esas compras y que el Estado pague el menor costo posible.
Ahora, con la SIGEN de por medio, cada erogación deberá tener su justificación y deberá respetar el procedimiento que fija la ley. Los grandes gastos deberán ser afrontados, según el monto, mediante una licitación pública, licitación privada y contratación directa. Y sólo para aquellos gastos menores se puede hacer vía trámite simplificado. En la AFI, esta última alternativa, era la más frecuente. Incluso para grandes erogaciones, de más de un millón de pesos.
Si el uso de los fondos de la AFI siempre fue objeto de polémica, en 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri -a través del decreto 656/16 decidió que todo el Presupuesto destinado a la AFI fuera de uso “secreto”, las sospechas se acentuaron.
En aquel momento, el jefe de Estado explicó su decisión en la necesidad de “agilizar las instancias administrativas usuales de gestión”. Lo concreto es que esto le dio a los espías libertad para no rendir cuentas sobre el uso de los fondos, más allá de los volcados en los operativos de Inteligencia.
Este año, de aplicarse el Presupuesto 2020 que el gobierno de Macri dejó elaborado, a la AFI le corresponderían unos $3.600 millones.
Cerca de Caamaño advierten que ya hubo algunos avances. Y no sólo en lo que respecta a los fondos reservados, que Alberto F. prometió que “serán utilizados para combatir el hambre” en la Argentina. La orden de la interventora al sector de Finanzas fue no liberar recursos bajo el sistema de planillas, que alentaba la informalidad y el uso discrecional de fondos con destino incierto y sin la explicación formal por parte de cada área. “La misma área que pedía los recursos terminaba autorizando el gasto generalmente sin ningún tipo de explicación ni de rendición posterior”, explicaron fuentes de la intervención.
Tan estricta fue la orden de Caamaño que la propia interventora se vio afectada por la falta de libre disponibilidad de recursos cuando tuvo que hacer reparaciones menores en un edificio de la AFI que aloja archivos desclasificados de la causa AMIA. “Desde el área de Finanzas se le respondió que tenía que hacer la compulsa de precios, como marca la ley”, expusieron de la AFI.
Por ejemplo, se desactivó el uso de fondos rotatorios, que permite disponer temporalmente de recursos para atender gastos excepcionales sin aguardar a la compulsa de precios. Todo eso no existía y generaba que Finanzas diera los recursos en concepto de fondos reservados.
Con todo, desde el entorno de la interventora aseguran que la medida de auditar los gastos en nada afectará la actividad de los espías en los operativos dispuestos por la Justicia.
Desde que asumió, Caamaño tomó varias decisiones de fondo para reducir los gastos de la Agencia: en cuanto a la estructura, rediseñó el organigrama y bajó de 105 a 65 las direcciones. Además, como contó Clarín semanas atrás, ordenó la revisión de 500 pases a planta permanente que dispuso la gestión de Macri, en su mayoría después de la dura derrota en las PASO. En las próximas semanas, puede haber más cambios.
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