
El Gobierno mandará al Congreso un proyecto para modificar la ley del Economía del Conocimiento. Según la óptica oficial, se mantiene la reducción de alícuota del impuesto a las Ganancias y
también bajan los aportes en contribuciones patronales. Y el Ejecutivo adelanta que promoverá mejoras en las condiciones de acceso para las Pymes.
En los cambios que enviará el Gobierno, se mantiene la reducción de alícuota sobre el impuesto a las Ganancias y también sobre el pago de contribuciones patronales, aunque con topes. También se modifica la forma de calcular los beneficios, retomando lo establecido en la anterior ley del software: 60% de reducción en impuesto a las Ganancias y 70% en los aportes patronales.
Hace un mes el Gobierno suspendió la ley de promoción de la Economía del Conocimiento, que había entrado en vigencia el 1°de enero de este año y que otorgaba beneficios fiscales a empresas de software y servicios, la mayoría de ellas pymes, pero también a colosos como Mercado Libre, Accenture y Globant. La suspensión llegó en medio de polémicas entre el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, y varios dirigentes ligados al kirchnerismo, como Juan Grabois, que criticaban que una empresa con un valor de mercado de US$ 30.000 millones recibiera ventajas impositivas. La semana pasada, Galperín renunció a la presidencia de Mercado Libre Argentina y anunció que se mudaría a Uruguay, desde donde seguiría dirigiendo la filial regional de la compañía. Su salida llegó después de una denuncia del fiscal Guillermo Marijuan contra al empresa por defraudación contra la administración pública.
La ley de Economía del Conocimiento vino a sustituir a la Ley de Software, vencida en diciembre pasado. Ahora se busca incorporar a mayor cantidad de actividades, como biotecnología, industria satelital, servicios profesionales e industrias del entretenimiento y creativas. Se estima que este sector tiene 120.000 empleados y exporta anualmente US$ 6.000 millones.
En el proyecto que se enviará al Congreso habrá topes en cuanto a la cantidad de empleados para acceder a los beneficios. El inicial es equivalente a 7 veces la cantidad de empleados de una Pyme tramo II (que posee 535 empleados). Eso arroja que se podrán beneficiar de la reducción hasta 3.745 trabajadores, cuyos aportes patronales pueden tener un 70% de rebaja.La idea del “tope” de 3.745 beneficiarios es para promover más empleos en la actividad, según la óptica oficial. Una compañía que tenga 5.000 empleados ahora, podrá inscribir 3.745 con el beneficio. Pero en los empleos nuevos que vaya incorporando -vinculados a economía del conocimiento-, todos se beneficiarán de la reducción de aportes patronales.
El encuadramiento de qué actividades calificaban como “nuevos sectores” no estaba definido claramente, según la óptica oficial. La exigencia era que el 70% de la facturación tuviera que ver con economía del conocimiento. Pero, por ejemplo, un ejemplo de nanotecnología en su proceso productivo no factura como tal, porque el desarrollo es más largo.
Además, habrá una flexibilización en los requisitos para el acceso a esa norma, como los porcentajes que tienen que destinar las empresas a investigación y desarrollo, o el porcentaje de exportaciones que deben cumplir para obtener los beneficios.
El proyecto establece también beneficios adicionales para las empresas que promuevan la inclusión. De esa manera, las contrataciones de mujeres profesionales con estudios de postgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales, discapacitados, personas que sean beneficiarias de planes sociales o que habiten zonas de menor desarrollo llegarán a un 80% de reducción en los aportes patronales. Este aspecto es para el empleo “Incremental”, es decir los trabajadores que aún no están en la plantilla.
También se creará un fondo con un porcentaje que aportarán las empresas para capacitación, formación de recursos humanos y desarrollo de Pymes. Y se establecerá un Consejo Consultivo que fijará el encuadre de empresas ligadas a las nuevas actividades.
El proyecto también libera del compromiso que existía en la ley anterior de que las provincias tuvieran que adherir a la ley para ponerla en marcha. Hasta el 31 de diciembre, solo 6 lo habían hecho.
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