En consecuencia, el magistrado requirió a las autoridades aeroportuarias que conserven las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes a la madrugada del 20 de febrero, cuando el hecho tuvo lugar.
La vicepresidente del régimen es una de 25 funcionarias que tienen vedado el acceso a la Unión Europea como consecuencia de las sanciones impuestas por el bloque supranacional
Un juez español determinó este martes que existen “indicios racionales de delito” en la reunión sostenida el 20 de enero en el aeropuerto español de Barajas por el ministro de Transporte del país, José Luis Ábalos, y la vicepresidente del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.
La venezolana está entre los 25 funcionarios del régimen que tienen vedado el acceso a la Unión Europea desde 2018 como consecuencia de las sanciones impuestas por el bloque supranacional, pero su estadía en el aeropuerto y su posible acceso a la sala VIP llevaron a que miembros del Partido Popular (PP) realizaran una denuncia al respecto. En concreto, lo acusaron de prevaricación administrativa, delito que es castigado con una pena de entre 9 a 15 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En consecuencia, el magistrado ordenó una serie de diligencias, entre las que se cuenta la necesidad de conservar las imágenes de las cámaras de seguridad del día en que el encuentro tuvo lugar. La decisión llega dos días antes de que se cumplan 30 días del encuentro, limite temporal antes de que las autoridades estén autorizadas a destruir el material. De no hacerlo, advirtió, las autoridades incurrirían en el “delito de desobediencia a la autoridad judicial”.
Según indicó el juez, “la Decisión del Consejo de la Unión Europea 2017/2074” incluye “la prohibición de viajar a territorio de la Unión Europea, lo que incluye los tránsitos o escalas en cualquier aeropuerto de la Unión Europea, con obligación de cualquier Estado miembro de adoptar las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él”.
El hecho generó controversia tanto entre las distintas facciones ideológicas del Parlamento español como dentro de la coalición gobernante, compuesta por el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos. La oposición, compuesta por el PP, Ciudadanos y VOX, convocó a Ábalos al Parlamento para cuestionarlo por sus acciones. Y el PP introdujo una moción para cesarlo en su cargo, la cual defenera´en el próximo pleno del Congreso. También solicitó acceder -a través de un proceso legislativo- a las grabaciones de la Terminal 4 del aeropuerto para observar los movimientos de ambos. Pero su intento fue infructuoso.
En tanto, dos figuras con peso en el partido, como los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, han criticado y aplaudido (respectivamente) la actuación de Pedro Sánchez. Zapatero, de hecho, viajó el 7 de febrero a Venezuela para reunirse con Maduro. Pero el partido tomó distancia del hecho asegurando que no comenta sobre “la visita de ciudadanos españoles a Venezuela”.
El incidente se trasladó a instancias supranacionales: el Parlamento Europeo debatió el 11 de febrero si con el encuentro España infringió las sanciones de la UE. Pero los exponentes fueron exclusivamente españoles, que discutieron acaloradamente en el recinto.
No obstante, el debate no produjo resultados tangibles: el máximo representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, indicó que “le compete a España” investigar el hecho. Esto así debido a que no hay mecanismos formales para pedir explicaciones o aún actuar si uno de los Estados miembros toman distancia de las sanciones.
“Son siempre responsables de la aplicación y verificación. Por ello, cuando una presunta violación de la normativa surge le compete al Estado investigar y determinar si esto ha sido así”, expresó Borrell.
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fuente infobae
