La causa se llama “Lusarreta Héctor José y otros s/ privación ilegal de la libertad agravada“, lleva el número 49.241/2001 y es un muestrario de lo cruel, irregular y corrupto que puede ser
el trabajo de la Policía cuando lo último que se busca es el bien común y la Justicia.
En este expediente -que dio vuelta por Tribunales durante casi 20 años y pasó por dos juicios que terminaron anulados por la Corte Suprema de Justicia- se acusó a un grupo de policías de la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria de la PFA de tener un sistema armado para incriminar a inocentes.
Contra estos policías- Lusarreta más que cualquier otro- se juntaron tres casos ocurridos entre 1997 y 1998, en los que los policías usaron una carnada para engañar a cinco personas necesitadas y vulnerables e incriminarlas en delitos con los que no tenían nada que ver.
Dos veces los agentes fueron absueltos: la primera vez por la duda y la segunda por prescripción. Y cada una de esas veces los fiscales apelaron y la Corte dio vuelta el caso. El tercer y último juicio fue en diciembre del año pasado, momento en el que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 condenó a los policías por primera vez, pero a penas muy bajas.
Procedimientos truchos en 1998. Acusaron a un joven de vender droga en Constitución, era mentira. / Archivo Clarín.
El caso de Lusarreta fue el más indignante. No sólo porque su rango era mayor al resto de los policías, sino porque fue el único de todos ellos que participó en los tres casos investigados. Para Lusarreta, el fiscal Fabián Céliz había pedido en su alegato la pena de ocho años de prisión efectiva, pero el tribunal apenas le impuso tres y en suspenso.
Luego de la feria judicial de enero llegó el momento de las apelaciones y eso fue aprovechado este martes por Céliz para recurrir el fallo en Casación y pedir que Lusarreta sea condenado a la pena que él pidió en su alegato, y que vaya a la cárcel.
“El padecimiento sufrido por las víctimas por ejercicio abusivo que de su función pública hicieron los encartados a través de acciones que repugnan los principios del Estado de Derecho, hubiera merecido ser sancionado de otro modo” argumentó Céliz en su apelación, a la que tuvo acceso la agencia Télam.
Céliz tampoco estuvo de acuerdo con el resto de las condenas: Hugo Daniel Rodríguez, Ricardo Maldonado y Carlos Francisco Giusepucci recibieron 2 años y 9 meses de prisión, más una inhabilitación de 5 años y 6 meses. Pero no pudo apelar en relación a ellos por una cuestión técnica.
Los casos
Los operativos fraguados en cuestión formaron parte de un modus operandi extendido -principalmente en los ’90- en toda la estructura de la Policía Federal. En total se denunciaron casos en 12 comisarías y 14 divisiones diferentes.
La existencia de este accionar fue detectada primero por los defensores oficiales federales Gustavo Kollmann y Horacio Michero. Sus denuncias originaron que se creara la Comisión de Delitos Fraguados -liderada hasta 2004 por Daniel Rafecas-, a través de la cual se identificaron 153 víctimas, todas ellas pobres, en situación de calle, desempleados o directamente personas con serias deficiencias mentales. Los tres casos que implicaron a Lusarreta y su equipo fueron tremendos.
Segundo Sandoval Morales y Luis Fernando Cuberos Gutiérrez (albañil y electricista, ambos desocupados) fueron detenidos el 5 de septiembre de 1997 en la terminal del ferrocarril San Martín, en Retiro, con un bolso lleno de billetes falsos, revólveres, granadas y un croquis de la estación.
Roque Molfese fue detenido el 14 de enero de 1998 en la estación de Constitución con 52 gramos de marihuana y 10 gramos de cocaína.
Rubén Gastón Rodríguez y Ricardo Ezequiel Bastián -dos vendedores ambulantes de 17 y 19 años- fueron detenidos el 27 de agosto de 1998 en la terminal de micros de Retiro con 23 envases de desodorante en cuyas tapas había droga.
En su momento, cada uno de los casos fue difundido por los medios como “un éxito” de la prevención policial de la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria. Pero ninguno era auténtico: los “peligrosos delincuentes” eran, en realidad, gente vulnerable de la que los policías se aprovecharon para dibujar sus estadísticas.
Con la excusa de hacer una changa y ganarse unos pesos, un desconocido los había llevado al lugar elegido previamente para concretar la trampa.
La Justicia comprobó que a Morales y Cuberos Gutiérrez los había contactado un hombre en Cobo y Curapaligüe (Flores). Les ofreció un trabajo de pintura, los subió a un taxi y, ya en Retiro, los abandonó al cuidado de un bolso diciéndoles que lo esperaran unos minutos, que iba a comprar los pasajes y volvía.
A Molfese le pasó algo similar: cuando estaba esperando una oportunidad en la bolsa de trabajo de la Iglesia de San Cayetano un desconocido lo tentó con una oferta laboral. Un detalle: la droga que se le secuestró estaba rebajada al 1%.
A los dos adolescentes que cayeron en la terminal de ómnibus los habían captado mientras jugaban un picado en Constitución y ofrecido unos “mangos” por retirar unas cajas en Retiro.
EMJ
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